En el ajedrez político de las democracias latinoamericanas, la designación de magistrados de la Corte Suprema rara vez está exenta de cálculos y presiones. Panamá no es la excepción. Con la reciente propuesta del Presidente de la República para ocupar vacantes en el máximo tribunal, el país se enfrenta a una prueba institucional que pondrá en evidencia hasta qué punto está dispuesto a apostar por un sistema judicial independiente y creíble.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) ha respondido con una posición clara y serena. No se pronuncia sobre los nombres, sino sobre los principios. Porque el verdadero debate no debería girar en torno a quiénes son los candidatos, sino a qué representan: ¿Tienen la valentía para enfrentar casos de alto perfil? ¿Poseen la integridad para resistir presiones externas? ¿Están comprometidos con aplicar la ley sin favoritismos?
En sus declaraciones, la Cámara reconoce avances previos en la Corte gracias a magistrados que han ejercido con ética y responsabilidad. Pero también advierte que el reto es mayor ahora. No basta con evitar retrocesos; es necesario consolidar un poder judicial que inspire confianza, actúe con transparencia y cumpla su deber sin concesiones.
Sin embargo, el verdadero campo de batalla podría no estar en la Corte, sino en la Asamblea Nacional. Es ahí, en la Comisión de Credenciales, donde se decidirá si este proceso será guiado por el mérito y la legalidad, o si se convertirá —una vez más— en un espectáculo de intereses políticos y revanchas personales. Como señala con acierto la CCIAP, evaluar la idoneidad de los candidatos no debe ser un ejercicio de pasiones ni cálculos partidistas, sino de responsabilidad constitucional.
El momento no es menor. Panamá ha logrado salir de listas internacionales que dañaban su reputación como centro financiero. Pero sin instituciones sólidas, ese progreso será efímero. Un sistema judicial débil mina la seguridad jurídica, y sin seguridad jurídica, no hay inversión. Y sin inversión, el desarrollo económico y social se desvanece.
Por eso, el país enfrenta una encrucijada crítica. Lo que está en juego no es solo quién ocupa una silla en la Corte Suprema, sino si Panamá quiere —y puede— construir una justicia que esté a la altura de su democracia. Magistrados valientes, una Asamblea responsable y una ciudadanía vigilante no son aspiraciones idealistas: son condiciones necesarias para que el Estado de Derecho deje de ser una promesa pendiente.
