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Ciudad de Panamá, 11 de agosto 2026. El incumplimiento de una medida de protección dictada por una autoridad competente podría convertirse en un delito castigado con hasta seis años de prisión, de prosperar un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional.
La iniciativa, impulsada por la diputada Yarelis Rodríguez, propone modificar el artículo 397-A del Código Penal para establecer una pena de uno a seis años de prisión a quien, después de haber sido notificado de una medida de protección dentro de cualquier proceso penal, la incumpla o quebrante.
El proyecto señala que la sanción se aplicaría, entre otras situaciones, a quienes violen órdenes como la prohibición de acercarse o establecer contacto con una víctima.
Actualmente, la legislación contempla una pena de seis meses a un año de prisión para quienes incumplan medidas de protección dirigidas a víctimas.
Rodríguez sostiene que el rango vigente pierde fuerza como mecanismo de disuasión porque una pena mínima de seis meses puede permitir, bajo las condiciones establecidas por la legislación penal, la aplicación de medidas sustitutivas de la prisión.
Una respuesta frente a la violencia
En la exposición de motivos, la diputada advierte que existe una brecha entre la emisión de una orden judicial y su cumplimiento efectivo.
Según Rodríguez, el incumplimiento frecuente de estas medidas puede derivar en nuevos episodios de violencia, hostigamiento y, en los casos más graves, en hechos con consecuencias fatales.
La propuesta busca elevar el costo penal para quienes desobedezcan las órdenes destinadas a proteger a las víctimas y reforzar el carácter preventivo de las medidas judiciales.
Más de 12.000 denuncias en seis meses
Para sustentar su iniciativa, Rodríguez cita estadísticas del Ministerio Público correspondientes al primer semestre de 2026.
Durante ese periodo se registraron 12.475 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, un aumento de 21,8 % frente a las 10.239 denuncias contabilizadas en el mismo periodo de 2025.
La violencia doméstica concentró la mayor parte de esos casos, con 9.239 denuncias, equivalentes a más del 74 % del total.
“Estas cifras demuestran que la violencia doméstica es una crisis nacional que exige una respuesta contundente y eficaz del Estado”, sostuvo la diputada.
El anteproyecto todavía no es ley. Para avanzar deberá ser prohijado por la comisión correspondiente, superar los tres debates legislativos en la Asamblea Nacional y, posteriormente, recibir la sanción del Ejecutivo.
De aprobarse, el cambio elevaría de manera significativa la pena aplicable a quienes incumplan las medidas de protección y convertiría esa desobediencia en una conducta con una respuesta penal más severa.