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Ciudad de Panamá, 27 de agosto 2026. La Asamblea Nacional cerró esta semana con una serie de decisiones legislativas que, más allá de sus diferencias, tienen un punto en común: buscan modificar costos y beneficios que afectan directamente la economía cotidiana de los panameños.
Entre el 24 y el 27 de agosto, el Legislativo dio pasos decisivos en una agenda que incluyó vivienda, protección a los adultos mayores y regulación de alimentos. Tres proyectos sobresalieron por su alcance: el proyecto de Ley 661, sobre el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles; el proyecto 226, que amplía los descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores; y el proyecto 398, que regula las grasas trans industriales.
El resultado deja una pregunta que trasciende el trámite parlamentario: cuánto de estas reformas se convertirá en un alivio efectivo para los ciudadanos y cuánto dependerá de su posterior reglamentación, fiscalización y cumplimiento.
Una apuesta por abaratar la vivienda
El proyecto 661 fue aprobado este jueves en tercer debate con 53 votos a favor, cinco en contra y una abstención. La iniciativa modifica el régimen del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles y exonera del pago del 2% a las viviendas nuevas cuyo valor sea de hasta B/.120,000.
La propuesta establece además un tratamiento escalonado para propiedades de mayor valor. Para viviendas entre B/.120,000 y B/.180,000, los primeros B/.120,000 conservarían la exoneración y el excedente estaría sujeto a tasas que van de 0.50% a 1.80%, según el valor de la operación.
El Gobierno ha presentado la reforma como una medida para facilitar el acceso de las familias a una vivienda propia y, al mismo tiempo, estimular la construcción, una actividad con un peso considerable en la generación de empleo.
Pero el verdadero alcance de la medida no estará únicamente en el porcentaje de impuesto que se deje de pagar. Su impacto dependerá de si el beneficio termina trasladándose al comprador o si, en un mercado con costos elevados de construcción y suelo, parte de ese alivio termina absorbido por los precios.
Más descuentos para una población que envejece
El segundo proyecto de mayor alcance es el 226, aprobado también en tercer debate este jueves con 47 votos a favor y uno en contra.
La iniciativa modifica la Ley 6 de 1987 y amplía los beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores. Entre las medidas contempla descuentos en medicamentos, servicios médicos, hoteles, transporte aéreo, internet, televisión por cable, equipos de asistencia y otros servicios.
El proyecto plantea, entre otros beneficios, un descuento de 30% en medicamentos, 25% en pasajes aéreos, hasta 50% en hoteles de lunes a jueves y reducciones en servicios de salud, agua, internet y televisión por cable. También incorpora beneficios vinculados con préstamos, tarjetas de crédito y seguros.
La reforma llega además después de años de dificultades para hacer cumplir algunos de los descuentos previstos en la legislación vigente. En los primeros cinco meses de 2026, Acodeco detectó 222 irregularidades relacionadas con la Ley 6, de acuerdo con reportes citados por medios locales.
El proyecto contempla sanciones para los establecimientos que incumplan y permite que los descuentos concedidos puedan ser reconocidos como crédito fiscal bajo determinadas condiciones. Ahora la iniciativa queda en manos del Ejecutivo, que deberá decidir si la sanciona o la veta.
El desafío, por tanto, no termina con la votación. Una ley que promete decenas de descuentos vale tanto como la capacidad del Estado para hacerlos cumplir.
Del Congreso a la mesa
El tercer proyecto que merece atención es el 398, relativo a las grasas trans industriales.
La Asamblea lo aprobó nuevamente en tercer debate el 25 de agosto, después de analizar las objeciones formuladas por el Ejecutivo al texto aprobado originalmente. La normativa fija un límite de 2 gramos de grasas trans por cada 100 gramos de grasa total en los alimentos procesados y establece exigencias de información en el etiquetado.
La industria alimentaria dispondrá de un período de adaptación que contempla distintas etapas para adecuar ingredientes, productos y eliminar aceites y grasas parcialmente hidrogenados. El Ministerio de Salud tendrá además un plazo para reglamentar la ley.
La importancia de esta reforma está menos en su impacto inmediato sobre el precio de los alimentos que en su potencial efecto sanitario. Las grasas trans industriales están asociadas con un mayor riesgo cardiovascular y otros problemas de salud, por lo que la discusión legislativa se trasladó del terreno comercial al de la prevención.
Una agenda legislativa más amplia
Mientras estos tres proyectos concentraron buena parte de la atención, la Asamblea mantuvo abierta una agenda más extensa.
La Comisión de Presupuesto continuó el primer debate del proyecto de Ley 644, que contiene el Presupuesto General del Estado para 2027.
También avanzó el proyecto 430, que busca establecer un marco legal para fomentar el biocomercio sostenible y potenciar el aprovechamiento económico de la biodiversidad nativa en comunidades locales e indígenas.
Durante la semana se discutieron además iniciativas vinculadas con el libre tránsito, el derecho de réplica, el fraude de paternidad y otras materias de interés social y económico. La actividad legislativa incluyó asimismo el prohijamiento de nuevas iniciativas, que todavía se encuentran en etapas preliminares y no tienen el mismo grado de madurez que los proyectos aprobados en tercer debate.
Ese conjunto revela una Asamblea que avanza simultáneamente en asuntos de impacto inmediato y en reformas cuyo efecto será más gradual: desde el costo de adquirir una vivienda hasta la protección de los consumidores y la regulación de actividades económicas emergentes.
El verdadero examen comienza después de la votación
Las tres reformas aprobadas esta semana tienen una característica que las hace políticamente atractivas: prometen beneficios que pueden medirse en el bolsillo o en la vida diaria.
El proyecto 661 pretende reducir el costo de entrada a una vivienda; el 226 busca ampliar la red de protección económica de una población que enfrenta mayores gastos y necesidades; y el 398 apuesta por modificar la composición de los alimentos que llegan a la mesa.
Pero la aprobación parlamentaria es apenas el primer filtro. En los tres casos, la efectividad dependerá de lo que ocurra después: de la sanción presidencial, de la reglamentación, de la fiscalización y, sobre todo, de si los beneficios anunciados llegan realmente al ciudadano.