En el ajedrez político de las democracias latinoamericanas, la designación de magistrados de la Corte Suprema rara vez está exenta de cálculos y presiones. Panamá no es la excepción. Con la reciente propuesta del Presidente de la República para ocupar vacantes en el máximo tribunal, el país se enfrenta a una prueba institucional que pondrá en evidencia hasta qué punto está dispuesto a apostar por un sistema judicial independiente y creíble.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) ha respondido con una posición clara y serena. No se pronuncia sobre los nombres, sino sobre los principios. Porque el verdadero debate no debería girar en torno a quiénes son los candidatos, sino a qué representan: ¿Tienen la valentía para enfrentar casos de alto perfil? ¿Poseen la integridad para resistir presiones externas? ¿Están comprometidos con aplicar la ley sin favoritismos?