Ciudad de Panamá, 27 de mayo 2026. La directora ejecutiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, Erika Vargas, presentó un balance de gestión que combina expansión del movimiento cooperativo, auditorías internas y nuevas medidas de supervisión financiera en Panamá.
Durante los primeros dos años de administración, el IPACOOP realizó 51 auditorías especiales en cooperativas y otorgó 41 nuevas personerías jurídicas, incluidas nueve cooperativas escolares juveniles, como parte de una estrategia para impulsar la economía social y fortalecer el relevo generacional dentro del sector.
Vargas destacó que uno de los programas emblemáticos ha sido “Educa Verde”, una iniciativa enfocada en educación ambiental y reciclaje escolar. Solo en la provincia de Herrera, el programa logró recolectar 80 toneladas de residuos reciclables y generar recursos para que estudiantes administren pequeñas cooperativas autosostenibles dentro de sus centros educativos.
Pero las auditorías también revelaron debilidades estructurales dentro del sistema cooperativo. Según la directora, muchas juntas directivas presentan deficiencias en gobernanza y manejo financiero, incluyendo casos donde directivos no comprenden estados financieros básicos, una situación que —afirmó— ha derivado en faltas administrativas y problemas de gestión.
Como respuesta, el IPACOOP ha intensificado programas nacionales de capacitación financiera y administrativa para fortalecer la supervisión y profesionalización de las cooperativas.
Uno de los anuncios más relevantes fue la culminación de la primera segmentación oficial del sector cooperativo panameño en los 46 años de existencia de la institución. A partir de ahora, las cooperativas quedarán clasificadas como muy pequeñas, pequeñas, medianas, grandes y muy grandes.
La medida busca facilitar el acceso a financiamiento bancario y mejorar la integración del sector cooperativo al sistema financiero formal del país.
La administración también reforzó las medidas de prevención contra el blanqueo de capitales. Vargas informó que Panamá cuenta actualmente con 165 cooperativas consideradas sujetos obligados por realizar intermediación financiera y que más de 1,500 asociados han recibido capacitaciones relacionadas con la Ley 23, financiamiento del terrorismo y controles de cumplimiento financiero.
Según la directora, el objetivo es “blindar” al sistema cooperativo frente a riesgos financieros y fortalecer la credibilidad del sector dentro del mercado panameño.