Panamá intenta dejar atrás una de las mayores debilidades de su sistema pesquero: la dificultad para saber quién opera sus embarcaciones, dónde faenan y qué hacen en aguas protegidas.
La apuesta por la vigilancia satelital, el intercambio de información y el fortalecimiento de los controles institucionales comienza a producir resultados concretos, en un país que todavía busca superar la tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea en 2019 por deficiencias en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.






