Panamá ha iniciado un ambicioso plan para ordenar sus finanzas públicas, cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal aprobada en octubre de 2024, que establece una senda decreciente del déficit: del 4.0% del PIB en 2025 hasta 1.5% en 2030. La medida busca garantizar la sostenibilidad de la deuda, proteger el gasto social y preservar la credibilidad del país ante los mercados internacionales.
La norma, considerada por analistas como un ancla fiscal de largo plazo, obliga a una reducción progresiva del déficit, con el objetivo de disminuir el pago de intereses y liberar recursos para inversión en infraestructura social. “Menos déficit hoy significa más escuelas, hospitales y seguridad mañana”, señaló el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado.