Panamá ha iniciado un ambicioso plan para ordenar sus finanzas públicas, cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal aprobada en octubre de 2024, que establece una senda decreciente del déficit: del 4.0% del PIB en 2025 hasta 1.5% en 2030. La medida busca garantizar la sostenibilidad de la deuda, proteger el gasto social y preservar la credibilidad del país ante los mercados internacionales.
La norma, considerada por analistas como un ancla fiscal de largo plazo, obliga a una reducción progresiva del déficit, con el objetivo de disminuir el pago de intereses y liberar recursos para inversión en infraestructura social. “Menos déficit hoy significa más escuelas, hospitales y seguridad mañana”, señaló el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado.
En noviembre de 2024, Moody’s mantuvo la calificación soberana de Panamá, pero con perspectiva “negativa”, citando riesgos fiscales y presiones sobre el sistema de pensiones. Desde entonces, el gobierno ha implementado una serie de medidas clave:
- Regla fiscal en marcha: disciplina en el gasto y priorización de programas esenciales.
- Reforma de pensiones (CSS): aprobada en marzo de 2025, con ajustes para garantizar sostenibilidad y transparencia.
- Control del gasto: recortes administrativos y protección de programas de salud, agua, educación y seguridad.
- Finanzas más sanas: mayor participación del mercado local mediante subastas de Letras del Tesoro y diversificación de fuentes de financiamiento.
- Transparencia: publicación de datos verificables sobre ejecución presupuestaria.
Impacto en mercados y perspectivas
El cumplimiento de la regla fiscal es observado de cerca por inversionistas y agencias calificadoras. Bloomberg Economics estima que, de mantenerse la trayectoria, Panamá podría estabilizar su deuda pública en torno al 55% del PIB hacia 2030, reduciendo la prima de riesgo y mejorando el acceso a financiamiento externo.
La reforma de pensiones, considerada políticamente sensible, ha sido vista como un paso decisivo para contener pasivos contingentes. “La combinación de disciplina fiscal y reformas estructurales es clave para proteger el grado de inversión”, indicó un analista de deuda soberana en Nueva York.
Un mensaje al mercado
Para el gobierno, “ordenar la casa” no es un eslogan, sino una estrategia de Estado. La meta: cumplir la ley, gastar mejor y asegurar que las próximas generaciones hereden finanzas públicas sostenibles.
