Cuando un pago no pasa, una transferencia queda “en proceso” o una compra se queda a medias, el problema rara vez se entiende como lo que es: operación detenida. Se frena el servicio, se acumulan reclamos y se pierde algo difícil de recuperar: la confianza. En la práctica, cada interrupción también se traduce en costos: ventas que no se concretan, tiempos de atención que se disparan y reputación que se desgasta.
Lo que para el usuario es un clic o un “confirmado”, para el país es parte de un flujo económico que se mueve cada vez más por canales digitales. Esa escala ya se refleja en los números: la consultora Statista estima que el valor de las transacciones que se realizarán a través de e-commerce será de USD 1.170 millones a 2026 y las proyecciones indican una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) entre 8% y 20%.