El Consejo de Gabinete aprobó este martes las Resoluciones N.° 131-25 y N.° 132-25, mediante las cuales se avala el Acuerdo de Transacción Judicial firmado entre la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y las empresas de servicios financieros Mastercard y Visa Internacional.
Con esta aprobación, queda finalizado el proceso judicial iniciado por la presunta comisión de práctica monopolística relativa dentro del mercado de servicios de medios de pago electrónicos mediante tarjetas, específicamente en transacciones internacionales realizadas digitalmente desde Panamá.
Compromisos asumidos por Mastercard y Visa
En el acuerdo, ambas empresas se comprometen a no incurrir en prácticas anticompetitivas, adoptando medidas inmediatas, entre ellas:
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Suspender durante dos años la aplicación del Programa Ampliado de Localización de Comerciantes (EMLP), o cualquier iniciativa con contenido equivalente, a partir de la fecha en que quede ejecutoriado el Auto Judicial que formalice el acuerdo.
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Someter a aprobación previa de Acodeco cualquier intento de reactivar o implementar el EMLP —o programas similares— durante los tres años posteriores al periodo inicial de suspensión.
Aportes económicos y garantía de cumplimiento
Como parte de la transacción judicial, Mastercard y Visa deberán:
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Aportar B/. 50,000.00 en un plazo no mayor de 30 días.
Este monto será depositado en una cuenta de fideicomiso de la Caja de Ahorros, cuyo beneficiario será Acodeco. Los recursos se destinarán a programas de educación financiera, siguiendo un cronograma acordado por las partes a ejecutarse en un periodo de seis meses. -
Otorgar una fianza de cumplimiento de B/. 250,000.00 a favor del Tesoro Nacional.
La garantía, válida por dos años, busca asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Visa dentro del acuerdo judicial.
Cierre del caso y supervisión futura
Con estas medidas, Acodeco da por concluido el litigio, garantizando mecanismos de supervisión para evitar prácticas anticompetitivas que puedan afectar a comercios o consumidores en el mercado de pagos electrónicos. El Gobierno, por su parte, reafirma con estas resoluciones su intención de fortalecer la competencia y la transparencia en un sector clave de la economía digital panameña.
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