Escuchar este artículo
Preparando audio…
¿Por qué importa?
Las protestas por vivienda, educación y costo de vida en Europa reflejan un malestar ciudadano que exige respuestas gubernamentales frente a la frustración y la violencia.
Desde Panamá, estas escenas recuerdan la necesidad de contar con instituciones capaces de responder, educación que amplíe oportunidades y decisiones económicas transparentes que protejan a quienes tienen menos margen para soportarlas.
Síntesis generada con IA.
¿Qué le decimos a un joven que estudia, trabaja y aun así no puede pagar un lugar donde vivir? Quizás le pedimos paciencia. Le hablamos del esfuerzo, de las oportunidades que llegarán y de la importancia de prepararse. Todo eso importa. Pero llega un momento en que las promesas necesitan encontrarse con la vida que las personas pueden llevar.
Parte de lo que ocurre en Europa obliga a detenernos en esa distancia. Las protestas por la vivienda en España y Portugal, los reclamos educativos en Francia y Bélgica y las movilizaciones por el costo de vida tienen circunstancias propias. Como ha documentado Deutsche Welle, no estamos ante una sola reivindicación. Hay estudiantes, trabajadores y familias que sienten que cumplir con sus responsabilidades les alcanza cada vez menos.
Los gobiernos tienen la obligación de escuchar. La estabilidad pierde sentido para quien vive permanentemente preocupado por el alquiler, la alimentación o la educación de sus hijos. Una sociedad puede acumular cifras y discursos sobre su progreso mientras deja crecer la sensación de que el futuro está reservado para otros. Ese desencuentro merece respuestas antes de que se convierta en desesperación.
También debemos hablar con claridad de la violencia. Saquear el negocio de una familia, incendiar un edificio público o agredir a una persona no mejora una escuela ni hace más accesible una vivienda. A quienes sufren esos daños se les impone otra injusticia. Comprender las causas del malestar exige suficiente responsabilidad para reconocer también las consecuencias de destruir.
Y sería igualmente grave utilizar esos hechos para descalificar a toda persona que protesta. El Estado debe proteger a los ciudadanos e investigar los delitos, con proporcionalidad y respeto a las garantías. La autoridad que actúa fuera de la ley deteriora la confianza que necesita para cumplir su tarea. Quien se manifiesta pacíficamente tiene derecho a hacerlo sin cargar con las acciones de otros.
En ese terreno de frustración encuentra oportunidades el extremismo. Aparece cuando alguien ofrece un culpable para todos los problemas y pide obediencia a cambio de una solución sencilla. Cuando el adversario deja de ser un ciudadano con quien discrepamos y se convierte en alguien a quien se puede humillar, excluir o silenciar. El peligro debe juzgarse por esas conductas, cualquiera que sea la bandera que las acompañe.
La indignación no convierte automáticamente a nadie en extremista. Preocupa que haya quienes busquen administrarla para acostumbrarnos a la intolerancia. También preocupa una dirigencia que sólo reconoce la urgencia de una demanda cuando aparecen los daños. Dejar sin respuesta los problemas cotidianos facilita que otros prometan resolverlos renunciando a los límites democráticos.
La economía tampoco queda al margen. Los paros pueden interrumpir servicios; los disturbios generan daños y cierres; la incertidumbre puede frenar decisiones de inversión. Pero sería irresponsable convertir toda dificultad económica en una consecuencia de las protestas. El Insee informó este 30 de octubre que el PIB francés cayó 0,1% en el tercer trimestre. Ese período terminó en septiembre: no mide el costo de los disturbios de octubre. La precisión también es una responsabilidad cuando opinamos.
Desde Panamá haríamos bien en mirar estas escenas pensando en nuestras propias obligaciones. Necesitamos instituciones capaces de responder, educación que amplíe oportunidades y decisiones económicas que puedan explicarse con honestidad. Necesitamos saber quién asume los costos de cada medida y cómo se protege a quienes tienen menos margen para soportarlos.
Escuchar requiere propuestas, plazos y rendición de cuentas. Defender la convivencia exige rechazar la violencia aun cuando provenga de quienes coinciden con nosotros. La democracia necesita ambas responsabilidades. Si dejamos que el miedo decida por todos, las primeras víctimas serán las mismas personas cuyo bienestar decíamos defender.
El autor es periodista. Columna de opinión. Ilustración conceptual generada con IA para Mirada Económica.