Ciudad de Panamá, 13 de abril de 2026. La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional discutió en primer debate un proyecto de ley que busca endurecer las reglas para la minería no metálica, incorporando criterios sociales y ambientales más estrictos para el otorgamiento de concesiones.
La iniciativa, impulsada por la diputada Dana Castañeda, propone modificar el Código de Recursos Minerales para establecer distancias mínimas entre canteras y zonas habitadas, infraestructuras públicas y áreas turísticas, en un intento por reducir conflictos comunitarios y riesgos ambientales.
Entre los cambios, el proyecto plantea restringir concesiones dentro de un rango de hasta 2 kilómetros de viviendas y centros poblados, así como limitar actividades cerca de escuelas, hospitales, carreteras y autopistas. Además, las nuevas disposiciones aplicarían tanto a solicitudes futuras como a renovaciones, y obligarían a operaciones vigentes a ajustarse a zonas de amortiguamiento.
La propuesta también contempla el rechazo y archivo de solicitudes en trámite que incumplan estos criterios en un plazo de tres meses, lo que podría impactar proyectos en curso.
El debate legislativo reflejó tensiones sobre el sustento técnico de las restricciones. La diputada Alexandra Brenes cuestionó la base de las distancias propuestas, mientras que Castañeda defendió que fueron definidas con apoyo de expertos para mitigar daños estructurales y proteger áreas sensibles.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, propuso trasladar la discusión a una mesa técnica, en línea con la posición del Ejecutivo de revisar los parámetros antes de avanzar en el proceso legislativo.
Desde el sector privado, la Cámara Minera de Panamá respaldó la actualización del marco legal, aunque advirtió que debe tratarse de una reforma integral y no de ajustes parciales, en un contexto donde el código vigente data de 1963.
La discusión ocurre en medio de un renovado escrutinio sobre la actividad minera en Panamá tras la suspensión de operaciones de Cobre Panamá a finales de 2023, lo que reactivó el debate sobre el marco regulatorio del sector.
A pesar de las diferencias, el Ministerio de Comercio e Industrias considera viable la iniciativa, que podría avanzar a segundo debate con ajustes, mientras diputados oficialistas y de oposición coinciden en la necesidad de actualizar las reglas ante conflictos recurrentes en comunidades del interior del país.