Washington — La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este lunes, mediante una orden de emergencia y sin explicación de la mayoría, que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen redadas en Los Ángeles sin supervisión judicial previa.
El juez Brett Kavanaugh, designado por el expresidente Donald Trump, emitió una opinión concurrente en la que sostuvo que el estándar de “sospecha razonable” para detener a una persona es “una barrera baja” que ICE podía cumplir fácilmente. Kavanaugh señaló que diversos factores, incluida la raza, podían contribuir a justificar una detención para indagar el estatus migratorio. “Para ser claro, la etnicidad aparente por sí sola no constituye sospecha razonable; sin embargo, puede ser un factor relevante junto con otros”, escribió.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) celebró la decisión, asegurando en un comunicado que no permitirá que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, proteja a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. “Una victoria para la seguridad de los californianos y el Estado de derecho”, afirmó un portavoz. La fiscal general Pam Bondi agregó que ICE podrá continuar con “patrullas itinerantes” sin “microgestión judicial”.
Desde la minoría, la jueza Sonia Sotomayor, nominada por Barack Obama, calificó la orden de “inquietante” y “irreconciliable con la Constitución”. En su disenso, advirtió: “No deberíamos vivir en un país donde el Gobierno pueda detener a cualquiera que luzca latino, hable español y aparente tener un empleo mal remunerado”.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que impugna la medida, acusó a la Corte de “avalar el perfilamiento racial”. Cecillia Wang, directora legal nacional de la entidad, dijo que la decisión equivale a un régimen de “papeles, por favor” para cualquiera percibido como latino y prometió continuar la batalla en el Noveno Circuito.
