Washington, 7 de octubre de 2025. — La Corte Suprema de Estados Unidos expresó una marcada escepticismo hacia la ley de Colorado que prohíbe las llamadas terapias de conversión en menores de edad, lo que sugiere que el tribunal podría invalidar esta norma y abrir la puerta a la revisión de estatutos similares en casi 30 estados.
El caso, Chiles vs. Salazar, es el primero de alto impacto en el nuevo periodo judicial y tiene implicaciones profundas para los derechos de las personas LGBTQ+ y para la interpretación de la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión.
El debate en la Corte
La demanda fue presentada por Kaley Chiles, una terapeuta cristiana de Colorado, quien argumenta que la ley estatal viola su derecho a la libre expresión al impedirle brindar orientación a adolescentes sobre identidad sexual y de género desde una perspectiva religiosa. Su defensa, encabezada por la organización conservadora Alliance Defending Freedom, sostiene que el gobierno no puede “manipular conversaciones privadas entre consejeros y sus pacientes”.
Durante la audiencia, varios magistrados conservadores se mostraron favorables a los argumentos de Chiles. El juez Samuel Alito calificó la ley como “discriminación flagrante por punto de vista”, mientras que Elena Kagan, integrante del bloque liberal, coincidió en que podría existir un problema de trato desigual hacia distintas perspectivas.
El presidente del tribunal, John Roberts, planteó que el hecho de que una terapia sea considerada un acto profesional no elimina la protección constitucional sobre las palabras utilizadas en ese contexto, una observación que podría resultar crucial en el fallo.
La defensa del estado
Por su parte, la procuradora general de Colorado, Shannon W. Stevenson, defendió la norma al argumentar que no se trata de censurar ideas, sino de regular una práctica médica ampliamente desacreditada por la comunidad científica. Stevenson recordó que numerosas organizaciones, entre ellas la Asociación Médica Estadounidense y la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, han declarado que la terapia de conversión es ineficaz y peligrosa, pues se asocia con depresión, ansiedad y mayor riesgo de suicidio entre jóvenes LGBTQ+.
“Durante más de un siglo, se ha intentado aplicar estas terapias sin evidencia de éxito”, subrayó Stevenson, quien insistió en que el Estado tiene la obligación de proteger a los menores de tratamientos dañinos, incluso si implican expresiones verbales.
La postura fue respaldada por los jueces Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, quienes enfatizaron que el gobierno puede regular la conducta profesional de los terapeutas, aun cuando el lenguaje sea una herramienta de trabajo. Jackson también cuestionó la coherencia del tribunal, recordando que el año pasado permitió a Tennessee prohibir tratamientos de transición de género para menores, pero ahora varios jueces parecen dispuestos a invalidar una norma de sentido contrario.
Contexto y posibles implicaciones
Colorado aprobó su ley en 2019, en medio de una ola de estados que impulsaron restricciones similares tras la publicación de estudios que señalaban los efectos dañinos de las terapias de conversión. Si la Corte Suprema falla a favor de la demandante, podría anular o debilitar prohibiciones vigentes en más de la mitad del país, representando un giro importante en la política de salud mental y derechos civiles.
Expertos legales apuntan que el fallo podría redefinir la frontera entre libertad de expresión y regulación profesional, tema que el tribunal ya abordó en 2018 cuando anuló una ley de California que obligaba a los centros antiaborto a proporcionar información sobre servicios de planificación familiar.
El caso también llega en un momento en que la Corte ha adoptado un rumbo cada vez más conservador. En los últimos años ha ampliado las protecciones para la libertad religiosa, mientras restringe algunas garantías para personas LGBTQ+. En 2023, por ejemplo, el tribunal falló que un negocio en Colorado podía negarse a ofrecer servicios a parejas del mismo sexo por motivos de conciencia.
Lo que está en juego
La decisión que la Corte emita antes del verano de 2026 podría tener un impacto duradero en la práctica de la psicología y el derecho sanitario en Estados Unidos. Si se reconoce que las conversaciones terapéuticas constituyen expresión protegida, los estados verán limitada su capacidad para regular tratamientos que involucren diálogo profesional.
Por el contrario, si el tribunal respalda la autoridad de Colorado, se reforzará la facultad de los gobiernos estatales para prohibir prácticas consideradas dañinas, incluso cuando los profesionales invoquen motivos religiosos o de conciencia.
En cualquier caso, el debate reabre una línea divisoria en la sociedad estadounidense: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión cuando se trata de proteger la salud mental de los menores?
Fuentes:
The Washington Post, Reuters, CBS News, SCOTUSblog, The Guardian, El País.
