Panamá, 9 de octubre de 2025. — En un esfuerzo conjunto por fortalecer la protección del patrimonio público y reducir la impunidad en casos de manejo irregular de fondos estatales, la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas presentaron los alcances y mecanismos de aplicación de las medidas precautorias contempladas en la Resolución No. 12-3126, recientemente publicada en la Gaceta Oficial.
El evento contó con la participación del contralor general, Anel Flores; el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier del Rosario Franco; el magistrado vicepresidente, Pablo Chen Vallarino; y el fiscal de Cuentas, Jaime Barroso.
Desde la implementación de las nuevas disposiciones, se han emitido más de 40 órdenes de incautación, asegurando bienes valorados en más de B/.24 millones, mientras que las irregularidades detectadas en los procesos auditados ascienden a más de B/.57 millones.
El contralor Flores señaló que uno de los principales retos históricos ha sido el retraso en la adopción de medidas cautelares, que en promedio llegaba a cuatro años después de iniciada la investigación.
“Existen condenas que superan los B/.70 millones, pero hasta ahora solo se han podido asegurar cerca de B/.20 millones, porque muchos bienes ya no están disponibles al momento de dictar las medidas”, explicó el funcionario.
Flores enfatizó que el nuevo marco normativo permitirá actuar con mayor rapidez y dentro de los límites legales, garantizando el debido proceso y la protección efectiva de los recursos públicos.
Por su parte, el magistrado presidente Rainier del Rosario Franco destacó que las medidas precautorias se encuentran respaldadas por la Ley 32 de 1984 y el artículo 33 de la Ley 67 de 2008, que las reconocen como instrumentos válidos dentro de los procesos fiscales. Aclaró además que toda acción debe ser proporcional, basada en indicios claros de irregularidad y sujeta al control de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que podrá suspenderlas cuando corresponda.
Tanto la Contraloría como el Tribunal de Cuentas coincidieron en que la aplicación de estas medidas representa un paso decisivo hacia una justicia fiscal más ágil, transparente y efectiva, orientada a recuperar los recursos públicos y garantizar que el patrimonio estatal sea resguardado en beneficio de todos los panameños.
