Comienzan a vaciar los depósitos del crimen con la entrega de más de 200 vehículos decomisados

Comienzan a vaciar los depósitos del crimen con la entrega de más de 200 vehículos decomisados - Panamá y Centroamérica

Ciudad de Panamá, 29 de mayo 2026. Décadas después de haber sido incautados en investigaciones judiciales, cientos de vehículos vinculados a procesos penales finalmente comienzan a salir de los patios de custodia del Estado panameño.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados, entregó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un nuevo lote de automóviles decomisados que permanecían bajo resguardo desde investigaciones iniciadas en las décadas de 1990, 2000 y 2010.

Los vehículos, ahora oficialmente comisados a favor del Estado por orden judicial, forman parte de una cuarta fase de traspaso que supera las 200 unidades. Muchos de ellos llevaban años acumulando deterioro físico y costos de almacenamiento mientras avanzaban complejos procesos dentro del antiguo Sistema Inquisitivo-Mixto.

La operación, supervisada por auditores de la Contraloría General de la República, representa uno de los mayores movimientos administrativos de bienes cautelados realizados en los últimos años por el Ministerio Público.

Según las autoridades, gran parte de los vehículos será sometida a procesos de chatarreo debido a su estado de deterioro y al tiempo prolongado bajo custodia estatal.

El Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados tiene la misión de garantizar que todos los bienes decomisados cumplan estrictamente con la disposición judicial correspondiente, manteniendo la cadena de custodia y la integridad de las evidencias dentro de los parámetros establecidos por la ley.

La entrega también refleja la transición institucional hacia procedimientos alineados con el Sistema Penal Acusatorio, bajo estándares que priorizan trazabilidad, transparencia y control administrativo sobre bienes vinculados a delitos.

Durante años, los patios estatales acumularon vehículos, maquinaria y otros activos decomisados que quedaron atrapados entre procesos judiciales lentos y vacíos administrativos. Ahora, el Estado intenta cerrar ese ciclo.

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