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El impacto económico del conflicto alrededor de Irán seguirá llegando a América Latina y el Caribe durante 2026, incluso si los avances diplomáticos se mantienen. La CEPAL advierte que la normalización del petróleo, las rutas marítimas y los costos logísticos tomará tiempo y afectará de manera desigual a cada país.
En su informe especial, la CEPAL estima que el precio promedio del petróleo en 2026 quedará entre 20% y 25% por encima de los US$69 por barril registrados en 2025, bajo un supuesto de Brent entre US$75 y US$80 durante el resto del año.
El organismo identifica seis vías de transmisión: comercio, cuentas fiscales, inflación, actividad mundial, mercados financieros y política monetaria. Los dos primeros pueden beneficiar parcialmente a exportadores de energía, mientras los otros cuatro generan presiones adversas para prácticamente toda la región.
La mayoría de los países latinoamericanos y caribeños importa más hidrocarburos de los que exporta. Para ellos, un petróleo más caro deteriora la balanza comercial y eleva costos de transporte y electricidad. El efecto alcanza alimentos, manufactura, turismo y servicios, aunque cada economía tenga una exposición distinta.
Los exportadores pueden recibir más divisas e ingresos fiscales, pero tampoco quedan aislados. Mayor inflación internacional, tasas elevadas y menor crecimiento global pueden reducir inversión y demanda. Además, una bonanza de precios mal administrada puede ampliar dependencia fiscal y retrasar la diversificación productiva.
La CEPAL calcula que un escenario de petróleo 25% más caro tendría un efecto comercial levemente positivo para la región en conjunto. Sin embargo, sería negativo para el Caribe no exportador y para Centroamérica, Haití y República Dominicana, donde el impacto alcanzaría una proporción mayor del producto.
El canal fiscal aparece cuando los gobiernos reducen impuestos o subsidian combustibles para proteger a los hogares. Esa respuesta contiene precios en el corto plazo, pero disminuye ingresos o aumenta gasto. Los importadores netos no reciben la compensación fiscal que sí obtienen algunos productores de hidrocarburos.
La inflación opera de forma directa e indirecta. Gasolina, electricidad y transporte pesan en las canastas de consumo, mientras el costo logístico se incorpora a otros productos. Los fertilizantes también pueden encarecerse, elevando el riesgo de presión alimentaria varios meses después del choque inicial.
Las rutas marítimas añaden otra capa. Menor tránsito por el estrecho de Ormuz, riesgos de seguridad y primas de seguro más altas pueden afectar fletes aunque el petróleo se estabilice. Economías abiertas como Panamá observan este proceso por su vínculo con comercio, puertos, combustibles y transporte marítimo.
El canal financiero surge cuando los inversionistas buscan activos considerados seguros. Un dólar más fuerte puede presionar monedas latinoamericanas y encarecer deuda externa. Las empresas con obligaciones en dólares y ventas locales quedan especialmente expuestas si no cuentan con coberturas o ingresos en divisas.
Los bancos centrales enfrentan un dilema. Una inflación importada puede obligarlos a retrasar recortes de tasas, aun cuando la actividad se debilite. Mantener condiciones restrictivas contiene expectativas, pero también encarece crédito para hogares, empresas y gobiernos que necesitan invertir.
Las respuestas deben adaptarse a cada país. Subsidios generales suelen beneficiar también a consumidores de altos ingresos y pueden ser costosos. Transferencias focalizadas, transporte público eficiente, ahorro energético y compras transparentes ofrecen alternativas con efectos fiscales potencialmente más controlados.
La calidad de los datos será esencial para ajustar esas respuestas. Precios de combustibles, inventarios, fletes y gasto de los hogares cambian con rapidez. Sistemas de seguimiento oportuno reducen el riesgo de mantener ayudas costosas después de que desaparece la necesidad original.
La cooperación regional también puede mejorar la capacidad de negociación y respuesta. Compras conjuntas, interconexiones eléctricas e intercambio de reservas requieren acuerdos complejos, pero reducen vulnerabilidades. Centroamérica y el Caribe tienen incentivos particulares para coordinar medidas ante un choque importado.
Las empresas pueden reducir riesgos diversificando proveedores, rutas y contratos de energía. Revisar inventarios y coberturas ayuda, pero tiene costos. Las pequeñas compañías necesitan información y financiamiento para ajustar operaciones sin trasladar inmediatamente todo el aumento a consumidores.
La región también tiene oportunidades en energías renovables, eficiencia y producción de insumos. El choque refuerza el valor económico de depender menos de combustibles importados. Sin embargo, desarrollar nueva capacidad requiere redes, permisos, financiamiento y reglas estables, no sólo anuncios de inversión.
La advertencia de la CEPAL es que una tregua no elimina los efectos ya acumulados. Precios, seguros, tasas y decisiones fiscales actúan con rezago. América Latina deberá manejar durante el resto de 2026 un choque desigual, protegiendo a hogares vulnerables sin comprometer estabilidad ni inversión futura.