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El Banco Hipotecario Nacional solicitó B/.10.5 millones para operar en 2027, el mismo año en que, según el proyecto de ley presentado por el Gobierno, debe dejar de existir. El monto lo sustentó su gerente, Alberto Ortega, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, y cubre los salarios de 167 empleados y los gastos de funcionamiento durante la transición.
La cifra no es una contradicción administrativa: es el precio del cierre. Una entidad que apaga sus operaciones necesita personal para traspasar carteras, conciliar expedientes, atender a clientes vigentes y liquidar obligaciones. Lo que corresponde examinar es si ese costo se ajusta al calendario de salida o lo sobrepasa.
Qué ordena el proyecto de ley
La iniciativa, de 22 artículos, la presentó el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, y establece el cierre progresivo y total del banco a más tardar el 31 de diciembre de 2027. La institución opera desde 1973 con el mandato de financiar programas de vivienda.
El reparto de funciones queda definido. El Miviot asume el diseño de políticas de vivienda, los subsidios y los proyectos con participación privada. La Caja de Ahorros toma el financiamiento hipotecario y la gestión de crédito, con una precisión que el ministro subrayó: las carteras se manejarán por separado, sin constituir una fusión bancaria.
Los bienes del banco, incluidos inmuebles heredados de entidades anteriores, pasan al Estado bajo administración del Miviot y quedan destinados exclusivamente a proyectos de vivienda social. Un Comité de Transición integrado por Miviot, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja de Ahorros y la Contraloría elaborará el plan de salida.
Las cifras del cierre
Para 2025 el BHN operó con un presupuesto de B/.14.9 millones, de los cuales unos 12.2 millones fueron a funcionamiento y 2.75 millones a inversión. La solicitud de 10.5 millones para 2027 representa una reducción, pero mantiene el grueso del gasto en planilla.
El Ejecutivo ha anunciado que la nómina se reducirá 80% como parte de la reestructuración. Ese ajuste es el que debe explicar la diferencia entre lo que cuesta operar un banco y lo que cuesta desmontarlo, y es la variable que la Comisión de Presupuesto tiene a mano para verificar si el cronograma se cumple.
Lo que queda por responder
La pregunta que ningún documento ha contestado del todo es qué ocurre con los deudores durante el traspaso. Un préstamo hipotecario es un contrato de largo plazo, y el cliente necesita saber a quién le paga, con qué condiciones y ante quién reclama cuando el acreedor cambia de institución.
La segunda pregunta es de cobertura. El BHN atendía segmentos que la banca comercial evita por perfil de riesgo o por tamaño del crédito. Si la Caja de Ahorros aplica criterios más estrictos, el cierre puede terminar reduciendo el acceso a financiamiento de vivienda justo donde el Estado decía querer ampliarlo.
Las vistas presupuestarias ofrecen un punto de control. La entidad ya expuso cuánto necesita para su último año; el siguiente examen es si el plan de transición llega con fechas, responsables y un destino claro para cada cartera antes de que el presupuesto se apruebe.