Ciudad de Panamá, 22 de abril 2026. La Asamblea Nacional de Panamá dio este paso inicial con la aprobación, en primer debate, de un proyecto de ley que busca redefinir las reglas del crédito bancario, introduciendo nuevas exigencias de transparencia y límites a prácticas que han generado creciente malestar entre los usuarios.
La iniciativa, identificada como el proyecto de ley 552 y promovida por el diputado Ernesto Cedeño, surge en un contexto en el que el acceso al financiamiento es clave para hogares y empresas, pero también está marcado por reclamos sobre condiciones poco claras y cambios desfavorables en los contratos.
El proyecto propone obligar a las entidades bancarias a detallar desde el inicio elementos esenciales del crédito: la tasa de interés inicial, la metodología de cálculo, el índice de referencia y el techo máximo aplicable durante toda la vida del préstamo. La intención es cerrar espacios a ambigüedades que, según críticos, han permitido ajustes poco transparentes.
Uno de los cambios más significativos es la exigencia de que las tasas variables estén vinculadas a indicadores objetivos, públicos y verificables, en lugar de depender exclusivamente de decisiones internas de los bancos. En la práctica, esto implicaría que los clientes puedan anticipar y entender las variaciones en sus pagos.
Pero el punto más sensible —y potencialmente transformador— es la introducción del principio de “simetría” en las tasas de interés. Bajo este criterio, las entidades no solo podrían aumentar las tasas cuando suban los índices de referencia, sino que estarían obligadas a reducirlas cuando estos bajen, una práctica que, según el proponente, no se cumple de manera consistente en la actualidad.
La propuesta también busca reforzar la seguridad jurídica del cliente al prohibir modificaciones unilaterales en las condiciones contractuales, así como establecer límites a las penalidades por incumplimiento. En este último caso, los recargos no podrían superar el 20% del capital originalmente prestado y tendrían que ser proporcionales y claramente definidos.
Adicionalmente, los bancos estarían obligados a presentar una liquidación final detallada, con el objetivo de evitar la acumulación de cargos adicionales que incrementen la deuda sin suficiente claridad para el cliente.
El proyecto incorpora además una vía administrativa para solicitar la prescripción de deudas sin necesidad de recurrir a procesos judiciales, una medida que podría reducir costos y tiempos para los usuarios del sistema financiero.
Para Cedeño, la iniciativa responde directamente a quejas recurrentes de clientes que denuncian aumentos en sus tasas vinculados a variables externas, sin que esas mismas condiciones se reflejen en reducciones cuando el entorno cambia a su favor.
Aunque aún debe superar nuevos debates antes de convertirse en ley, la propuesta abre un frente de discusión sobre el equilibrio entre la rentabilidad del sistema bancario y la protección de los consumidores en uno de los sectores más influyentes de la economía panameña.