Ciudad de Panamá, 23 de mayo 2026. La Asamblea Nacional dio un paso decisivo en la reforma del sistema tributario panameño. Tras tres semanas de consultas con empresarios, abogados y sectores financieros, la Comisión de Economía y Finanzas aprobó por unanimidad el proyecto de ley 641, una propuesta que busca reforzar los controles sobre las rentas pasivas de fuente extranjera y elevar las exigencias de sustancia económica para grupos multinacionales establecidos en Panamá.
El presidente de la comisión, el diputado Eduardo Gaitán, confirmó que la iniciativa será enviada el próximo lunes al pleno legislativo para su discusión en segundo y tercer debate. El texto llega con modificaciones sustanciales: cerca de 12 de los 18 artículos originales fueron ajustados luego de las consultas realizadas con los sectores involucrados.
La reforma redefine qué empresas podrán ser consideradas “entidades no calificadas”, especialmente aquellas pertenecientes a grupos multinacionales que incumplan con la entrega de información tributaria o presenten datos inconsistentes sobre sus operaciones, activos, riesgos o estructura en Panamá. El proyecto también obliga a ciertas compañías sujetas a regímenes fiscales preferenciales a demostrar ante el Ministerio de Economía y Finanzas que poseen actividad económica real dentro del país.
Uno de los puntos centrales es el endurecimiento de los controles sobre las llamadas rentas pasivas de fuente extranjera —ingresos provenientes de intereses, dividendos o regalías generados fuera del país—, un tema que ha colocado a Panamá bajo constante escrutinio internacional en los últimos años. La propuesta establece que las empresas que incumplan los requisitos de sustancia económica podrán enfrentar la aplicación de tarifas fiscales, además de multas y recargos.
El proyecto incorpora además una excepción para determinadas entidades multinacionales constituidas o domiciliadas en Panamá, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la nueva normativa. Con ello, el gobierno intenta equilibrar dos objetivos históricamente difíciles de conciliar: mantener la competitividad del centro financiero panameño y responder a las crecientes presiones internacionales por mayor transparencia fiscal.