Panamá, 20 de enero de 2026.– La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) expresó su preocupación por la forma en que se ha gestionado la crisis de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, al considerar que, aunque existe una urgencia sanitaria que requiere atención inmediata, las medidas adoptadas no deben vulnerar la autonomía municipal ni debilitar el proceso de descentralización.
La presidenta del gremio, Giulia De Sanctis, señaló que el problema de los desechos sólidos no es exclusivo de San Miguelito, sino que responde a una falla estructural a nivel nacional. A su juicio, esta situación pone en evidencia las limitaciones técnicas, administrativas y financieras que enfrentan muchos municipios para asumir de forma plena la competencia de la recolección de basura.
APEDE reconoció que el Ejecutivo actuó ante una situación crítica de salud pública y frente a la falta de refrendo de las empresas propuestas por el municipio. No obstante, el gremio sostuvo que debieron explorarse alternativas institucionales que permitieran atender la emergencia sin afectar la autonomía local, solicitando que la resolución que habilita la intervención del Gobierno Central y de la Autoridad de Aseo sea de carácter excepcional y temporal.
En ese sentido, De Sanctis subrayó que, una vez superada la crisis, la competencia debe ser devuelta al Municipio de San Miguelito, acompañada de apoyo técnico que fortalezca su capacidad operativa y prevenga futuras contingencias. Advirtió que normalizar este tipo de intervenciones podría generar riesgos institucionales a largo plazo y debilitar la descentralización.
Finalmente, APEDE hizo un llamado a retomar los principios de la descentralización y a fortalecer la institucionalidad municipal, dotando a los gobiernos locales de herramientas técnicas, marcos contractuales claros y financiamiento adecuado. El gremio también instó a la Asamblea Nacional a revisar la normativa vigente que ha debilitado este proceso, reiterando su compromiso con soluciones sostenibles que protejan la salud ciudadana sin comprometer la autonomía municipal ni el Estado de derecho.
