Ciudad de Panamá, 28 de julio 2026. Mientras el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) insiste en que Panamá mantendrá una estricta disciplina fiscal para 2027 y descarta cualquier flexibilización de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, una resolución publicada este martes revela que la Procuraduría de la Administración otorgará una gratificación anual de 500 balboas a todos sus servidores públicos elegibles.
La coincidencia de ambos anuncios expone la tensión entre el discurso de contención del gasto y las decisiones que incrementan las obligaciones del Estado. Resolución de Gaceta Aquí.
La Resolución No. PA/DS 049-2025, firmada el 29 de septiembre de 2025 por la procuradora Grettel Villalaz de Allen y publicada diez meses después en la Gaceta Oficial, establece un pago anual de 500 balboas netos para funcionarios permanentes, eventuales e interinos que cumplan con los requisitos establecidos.
El beneficio tendrá efecto retroactivo desde noviembre de 2025, aunque el documento no explica por qué permaneció sin publicarse durante casi un año.
La medida también dispone que la propia Procuraduría asuma las deducciones correspondientes para que cada funcionario reciba íntegramente los 500 balboas. Sin embargo, la resolución no precisa cuántos servidores serán beneficiados ni el impacto total que representará para las finanzas de la institución, un dato relevante en un contexto en el que el Gobierno defiende la necesidad de contener el gasto público.
Solo ayer, en medio de la instalación de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2027, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reiteró que el Presupuesto General del Estado para 2027 registrará únicamente un incremento moderado y que el Ejecutivo no modificará la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
“La ley se cumplirá y no se modificará”, afirmó el ministro, al asegurar que el aumento presupuestario responderá exclusivamente a obligaciones legales ya existentes y no a nuevas expansiones del gasto.
La viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, reforzó ese mensaje al señalar que el crecimiento del presupuesto no obedecerá a decisiones discrecionales, sino a compromisos establecidos por leyes especiales y ajustes automáticos que el Estado está obligado a cubrir. El proyecto será presentado esta semana ante la Asamblea Nacional dentro del plazo constitucional.
La gratificación aprobada por la Procuraduría encuentra sustento legal en las facultades que otorgan la Ley 38 de 2000 y la Ley 1 de 2009 para fijar salarios y emolumentos, además de tomar como referencia un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que autorizó un bono navideño para los servidores judiciales.
La institución argumenta que el incentivo reconoce la dedicación exclusiva de sus funcionarios, quienes tienen restricciones para ejercer otras actividades remuneradas.
No obstante, la publicación de la resolución en medio del debate presupuestario inevitablemente plantea interrogantes sobre la coherencia del mensaje oficial.
Mientras el Gobierno busca convencer a los mercados, organismos internacionales y al país de que mantendrá una política de rigor fiscal, nuevas obligaciones salariales aparecen dentro de instituciones públicas sin que se conozca su costo total.