Ciudad de Panamá, 27 de junio 2026. La disputa entre Panamá y China por el futuro de los puertos de Balboa y Cristóbal dio un nuevo giro. En un inusual y enérgico comunicado, la Embajada de China en Panamá defendió las inspecciones a buques con bandera panameña que llegan a puertos chinos, rechazó las acusaciones de motivaciones políticas y dejó claro que esos controles continuarán como parte de su política de seguridad marítima.
La declaración representa la respuesta más firme de Beijing desde que la Corte Suprema de Justicia panameña declaró inconstitucional la concesión de Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, una decisión que ha desencadenado un creciente enfrentamiento diplomático con implicaciones que trascienden el ámbito comercial.
La representación diplomática sostuvo que China, como Estado rector de puerto, tiene la facultad de inspeccionar embarcaciones extranjeras conforme al derecho internacional y negó que el incremento de las revisiones responda a represalias contra Panamá.
Para sustentar su posición, la Embajada afirmó que varias embarcaciones registradas bajo bandera panameña estuvieron involucradas en colisiones ocurridas en aguas chinas durante 2026, incidentes que —según indicó— dejaron personas fallecidas y desaparecidas. Sin embargo, el comunicado no identificó los buques, las fechas de los accidentes ni las investigaciones oficiales que respalden esas afirmaciones.
La respuesta china llega después de que el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, calificara como una “mentira garrafal” la explicación de Beijing de que las inspecciones no guardan relación con el conflicto derivado del fallo judicial sobre Panama Ports Company.
El comunicado también se produce pocos días después del tenso intercambio registrado durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá, donde el representante permanente de China, Xie Feng, cuestionó públicamente la decisión panameña sobre los puertos y advirtió que el fallo envía un mensaje negativo a la inversión extranjera.
En respuesta, el canciller Javier Martínez-Acha defendió la independencia del Órgano Judicial y recordó que el Ejecutivo carece de facultades para revertir una sentencia de la Corte Suprema. Además, reveló que representantes chinos le solicitaron intervenir en el proceso, petición que aseguró haber rechazado por respeto a la separación de poderes.
La Embajada china también respondió a las críticas sobre su sistema político. Reivindicó el modelo de “socialismo con características chinas”, sostuvo que cuenta con amplio respaldo popular y rechazó las afirmaciones de que China carece de un verdadero Estado de derecho.
En otro de los pasajes más sensibles del comunicado, Beijing sugirió que Panamá estaría actuando bajo la influencia de un tercer país. Sin mencionar directamente a Estados Unidos, exhortó al Gobierno panameño a defender sus propios intereses y evitar convertirse en instrumento de actores externos.
Martínez-Acha también denunció que las inspecciones a embarcaciones panameñas en puertos chinos se han intensificado de manera desproporcionada frente al trato recibido por buques de otros registros internacionales, una afirmación que Beijing rechaza de forma categórica.
Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno panameño solicite explicaciones formales a la representación china, el canciller evitó profundizar en la controversia y recordó únicamente que actualmente China no cuenta con embajador acreditado en Panamá.
Lo que comenzó como una disputa jurídica sobre la concesión de dos puertos estratégicos del Canal de Panamá ha evolucionado hacia un pulso diplomático de mayor alcance. En el centro del conflicto ya no solo están Balboa y Cristóbal, sino la creciente competencia por la influencia geopolítica en uno de los corredores marítimos más importantes del mundo, donde Panamá se encuentra cada vez más expuesta a las presiones simultáneas de Beijing y Washington.