Ciudad de Panamá, 21 de mayo 2026. Panamá avanza hacia una reforma tributaria diseñada para responder a las crecientes exigencias internacionales sobre transparencia y sustancia económica. La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea presentó el primer bloque de modificaciones al proyecto de ley 641, incorporando cerca del 70% de las recomendaciones planteadas por gremios empresariales, tributaristas y expertos independientes durante las consultas públicas.
La reforma busca endurecer las reglas aplicables a las rentas pasivas de fuente extranjera obtenidas por entidades multinacionales domiciliadas en el país, en un intento por preservar la competitividad financiera panameña sin abandonar el principio histórico de territorialidad fiscal.
Eduardo Gaitán, presidente de la comisión legislativa, describió el proyecto como el resultado de un proceso de negociación técnica orientado a construir una “ley sana” capaz de fortalecer la economía nacional y responder a las presiones regulatorias internacionales.
El núcleo de la reforma introduce nuevas reglas de sustancia económica dentro del Código Fiscal. Las multinacionales que generen rentas pasivas desde el extranjero deberán demostrar actividad económica real en Panamá para evitar que esos ingresos sean gravados de manera excepcional.
El texto también propone un nuevo artículo 707 que impondría una tasa única y definitiva del 15% sobre las rentas pasivas extranjeras obtenidas por entidades que no califiquen bajo los criterios establecidos.
Para el gobierno, el mensaje es tanto económico como diplomático. Felipe Chapman sostuvo que la legislación pretende enviar una señal de confianza a los mercados internacionales y reafirmar a Panamá como una jurisdicción “seria y confiable” en medio del endurecimiento global contra estructuras fiscales consideradas opacas.
La comisión legislativa prevé presentar un segundo bloque de modificaciones esta semana antes de someter el proyecto a primer debate y trasladarlo posteriormente al pleno de la Asamblea.
De ser aprobado, el nuevo régimen entraría en vigor a partir del periodo fiscal de 2027, acompañado de un plazo de 90 días para su reglamentación.