Ciudad de Panamá, 15 de mayo 2026. La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, endureció el tono contra Panamá al anunciar que su gobierno activará mecanismos diplomáticos internacionales frente a lo que calificó como un “bloqueo comercial” impuesto por las autoridades panameñas a productos agrícolas costarricenses.
La declaración marca una nueva fase en un conflicto que lleva más de cinco años deteriorando las relaciones comerciales entre ambos países y que ahora amenaza con convertirse en un choque político regional. Fernández afirmó que las restricciones panameñas han golpeado directamente a productores de papa, cebolla y lácteos, sectores que, según dijo, han sufrido pérdidas millonarias por el cierre parcial del mercado vecino.
“Es un tema que ya superó las instancias de negociación de Comex”, señaló la mandataria, al anunciar que trasladó el caso al canciller Manuel Tovar para que impulse acciones de diplomacia internacional. “Estoy del lado de los productores costarricenses”, añadió.
El conflicto se remonta a 2019, cuando Panamá comenzó a imponer restricciones sanitarias y fitosanitarias a diversos productos agrícolas provenientes de Costa Rica. En la práctica, las medidas bloquearon o ralentizaron exportaciones de lácteos, carnes, piña, banano, plátano y fresas, generando un choque comercial que terminó escalando hasta la Organización Mundial del Comercio.
En junio de 2021, Costa Rica presentó formalmente una demanda ante la OMC, argumentando que Panamá utilizaba criterios técnicos sin respaldo científico para limitar las importaciones. Panamá, por su parte, defendió sus medidas alegando insuficiencia de evidencia sanitaria y cuestionamientos sobre el uso de ciertos plaguicidas en productos costarricenses.
Tras años de audiencias y revisiones técnicas, un panel de expertos de la OMC falló a finales de 2024 a favor de Costa Rica. El organismo concluyó que las restricciones panameñas “no están basadas en principios científicos” y recomendó que Panamá adecuara sus medidas a las normas internacionales contempladas en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
Para San José, la decisión representó una victoria política y económica. El Ministerio de Comercio Exterior costarricense calculó en cerca de 100 millones de dólares las exportaciones que dejaron de realizarse durante el conflicto. Pero la resolución internacional no cerró la disputa.
A inicios de 2025, Panamá apeló el fallo ante la instancia superior de la OMC, un mecanismo que permanece prácticamente paralizado desde hace años por la falta de jueces designados. En la práctica, la apelación congeló la ejecución de la sentencia y dejó el caso atrapado en un limbo jurídico internacional.
Ese vacío institucional ha sido aprovechado por varios países para retrasar decisiones adversas, pero en Centroamérica el caso adquirió una dimensión especialmente sensible: enfrenta dos economías profundamente integradas y reabre tensiones históricas sobre proteccionismo, seguridad alimentaria y acceso a mercados.
Panamá reacciona
Mientras Panamá sostiene que sus controles responden a criterios sanitarios soberanos, Costa Rica interpreta la prolongación del conflicto como una estrategia para proteger sectores agrícolas locales frente a la competencia regional. El resultado ha sido una relación comercial cada vez más erosionada, donde la diplomacia comienza a reemplazar a los técnicos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá emitió un comunicado “rechazando categóricamente cualquier narrativa que pretenda presentar la actual diferencia comercial como una acción unilateral por parte de nuestro país”.
“Nuestro país tiene el derecho y la obligación de proteger la salud pública, la seguridad alimentaria y los intereses de sus productores nacionales, actuando conforme al Derecho Internacional y a las normas de la Organización Mundial del Comercio”, señaló el comunicado.
Ahora, el diferendo amenaza con trascender las exportaciones agrícolas y convertirse en una prueba política para la integración centroamericana. Porque detrás de los certificados sanitarios y las apelaciones legales, lo que realmente está en disputa es algo más profundo: la capacidad de la región para sostener reglas comunes cuando los intereses nacionales empiezan a chocar.