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Ciudad de Panamá,, 5 de mayo 2026. El Ministerio de Ambiente estableció un nuevo marco obligatorio para manejar los encuentros peligrosos entre personas y el cocodrilo americano (Crocodylus acutus), una especie emblemática de los ecosistemas tropicales cuya presencia se superpone cada vez más con áreas habitadas.
La resolución —que entra en vigor con su publicación en la Gaceta Oficial— adopta un Protocolo de Contingencia y un Formulario de Evaluación de Riesgo destinados a prevenir, atender y mitigar interacciones negativas. El objetivo es doble: proteger la vida humana y asegurar la conservación de la especie.
Bajo la norma, la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad asumirá la rectoría, implementación y fiscalización de las medidas. Todas las actuaciones deberán regirse por principios como la prevención, el uso de medidas proporcionales, la preferencia por acciones no letales y el manejo basado en evidencia científica.
El reglamento introduce definiciones clave para la gestión del riesgo. Entre ellas, “interacción negativa” —cualquier situación que represente un peligro real para las personas— y “sitio crítico”, áreas donde coinciden la presencia frecuente del animal y la actividad humana. También identifica factores de riesgo como los “atractores”, es decir, condiciones o acciones —muchas veces provocadas por humanos— que atraen a los cocodrilos.
Uno de los pilares de la resolución es la creación de un Registro Oficial de Avistamientos, Incidentes e Interacciones Relevantes. Este sistema permitirá evaluar riesgos, orientar decisiones y ajustar las medidas con base en datos actualizados. Las autoridades también deberán identificar y señalizar zonas críticas utilizando registros de incidentes, evaluaciones de campo y análisis de exposición humana.
La norma prohíbe expresamente alimentar o atraer deliberadamente a los cocodrilos, una práctica que, según expertos, favorece la pérdida del temor natural hacia las personas y eleva la probabilidad de ataques.
Además, se establece un sistema de coordinación interinstitucional para responder a emergencias, en el que podrán participar cuerpos de seguridad, autoridades locales y especialistas. En territorios indígenas, la aplicación del protocolo deberá respetar prácticas tradicionales sostenibles.
El Ministerio también deberá capacitar a funcionarios en el uso de herramientas de evaluación de riesgo, mientras que el protocolo podrá ajustarse con base en nueva evidencia científica.
Con esta resolución, el país busca equilibrar la seguridad pública con la protección de un depredador clave en la cadena alimentaria, en un contexto donde la expansión humana sigue acercando a ambas especies.