Ciudad de Panamá, 29 de abril 2026. La Caja de Seguro Social intensificó su ofensiva contra la corrupción con una estrategia centrada en denuncias penales y querellas, en un intento por proteger recursos clave del sistema de salud y pensiones.
Bajo una política de “cero tolerancia”, la institución ha llevado ante la justicia casos que van desde el manejo irregular de medicamentos vencidos hasta esquemas de pensiones fraudulentas y retenciones indebidas de cuotas. Las investigaciones, en algunos casos, apuntan a pérdidas millonarias que podrían superar las cifras inicialmente detectadas.
El alcance no se limita al presente. La entidad también revisa prácticas de administraciones anteriores, acumulando más de mil acciones legales vinculadas a posibles irregularidades en el sistema.
En paralelo, la CSS impulsa herramientas digitales para trasladar parte del control a los propios asegurados. Plataformas como Mi Caja Digital buscan ofrecer acceso directo al historial laboral y al estado de las cuotas, en un esfuerzo por detectar anomalías en tiempo real.
El mensaje es doble: perseguir responsabilidades en los tribunales y cerrar espacios a nuevas irregularidades. En el centro de esa estrategia está un objetivo más amplio: recuperar la confianza en una de las instituciones más sensibles del país.