Ciudad de Panamá, 21 de abril de 2026. La transformación de uno de los enclaves ecológicos más importantes de la región ya está en marcha. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), con respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), inició el pasado 3 de abril un ambicioso proyecto de rehabilitación y construcción en el área de Gambute, dentro del Parque Nacional Coiba, una intervención que promete modernizar la gestión del parque, pero que también implica restricciones significativas para visitantes y científicos.
La iniciativa —denominada “Estudios, Diseño y Rehabilitación de la sede administrativa y el muelle”— forma parte de un programa regional orientado a la conservación del patrimonio cultural y natural. Con una inversión de 7.1 millones de dólares y un plazo de ejecución de 24 meses, las obras estarán a cargo de la empresa RC Contractors.
En sus primeras semanas, el proyecto ya ha alterado el paisaje: gran parte de las estructuras existentes han sido demolidas, y los escombros trasladados a tierra firme bajo protocolos de disposición controlada. Lo que surgirá en su lugar será una infraestructura completamente renovada, que incluirá oficinas administrativas, instalaciones para guardaparques, laboratorios, espacios museográficos, alojamientos para científicos y facilidades para visitantes, además de la rehabilitación del muelle.
Pero el costo inmediato de esta transformación será la reducción del acceso. MiAmbiente informó que la sede principal operará con servicios limitados durante el día, mientras que quedan suspendidas las estancias nocturnas y el apoyo logístico a investigaciones en sitio. A partir del 1 de mayo y por al menos seis meses, también se cerrarán las visitas al antiguo penal de la isla, uno de los puntos de mayor interés histórico del parque.
A estas medidas se suma el cierre total de la isla Granito de Oro, una decisión previa que busca permitir la recuperación de arrecifes y ecosistemas marinos vulnerables.
Durante las próximas semanas, equipos técnicos, científicos y autoridades realizarán inspecciones periódicas para supervisar el avance de las obras, el cumplimiento de las normas de seguridad y la correcta ejecución del presupuesto.
Las autoridades insisten en que el proyecto ha sido diseñado con estrictos controles ambientales. Entre las medidas contempladas figuran la gestión rigurosa de residuos, la contención de sedimentos mediante barreras físicas, la regulación de horarios para minimizar el impacto en la fauna y la capacitación del personal en prácticas sostenibles, además del control de ruido y emisiones.
Más allá de las restricciones temporales, el Gobierno plantea la intervención como una inversión a largo plazo: un intento por equilibrar la conservación con el acceso público y la investigación científica en uno de los ecosistemas más valiosos del Pacífico tropical.