La Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (Fudespa) presentó ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional los resultados de su investigación “Educación Mortal: Crisis Sistemática”, un estudio que revela una de las realidades más estremecedoras del país: decenas de niños y niñas han muerto ahogados en los últimos 25 años al intentar cruzar ríos para asistir a clases en la Comarca Ngäbe-Buglé.
Una crisis humanitaria ignorada
El documento, elaborado junto a Jóvenes Unidos por la Educación (JUxlaE), documenta entre 55 y 70 muertes por ahogamiento desde el año 2000, con un patrón concentrado en menores de entre 5 y 12 años que cada mañana arriesgan su vida para llegar a la escuela.
El río Cricamola, en el distrito de Kankintú, es el epicentro de esta tragedia: solo en la comunidad de Mayo, nueve niños han muerto arrastrados por la corriente.
El estudio señala que solo en junio de 2024 cuatro menores fallecieron en diferentes comunidades —Quebrada Hacha, Sardina, Hato Culantro y Río Bueno—, un mes que marcó la mayor concentración de víctimas en una sola temporada. Los investigadores advierten que el número real de muertes es probablemente mucho mayor debido al subregistro histórico y al aislamiento geográfico de la comarca.
Un conflicto entre el derecho a la vida y el derecho a la educación
Fudespa denuncia que esta situación representa una violación directa de los derechos humanos, donde el derecho a la educación se convierte paradójicamente en una amenaza mortal.
El informe cita instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, recordando que el Estado panameño mantiene pendiente la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, una deuda de más de tres décadas.
En la Comarca Ngäbe-Buglé, 78.2% de la población vive en pobreza y más del 93% en pobreza multidimensional, según el PNUD (2024). A ello se suma la ausencia total de puentes seguros, lo que obliga a estudiantes a cruzar ríos caudalosos sobre poleas improvisadas y puentes de bambú.
El estudio califica esta situación como un “abandono estatal sistemático” y una discriminación étnica y territorial por omisión, con consecuencias que trascienden lo educativo para convertirse en una crisis de derechos humanos y gobernanza.
Inversión urgente: 42 a 63 millones de dólares para salvar vidas
Fudespa estima que se requieren entre 42 y 63 millones de dólares para implementar una solución integral que incluya 12 puentes permanentes, sistemas de alerta temprana, fortalecimiento institucional y marcos normativos específicos.
La fundación advierte que, si no se actúa de inmediato, el escenario tendencial proyecta hasta 25 nuevas muertes en los próximos cinco años.
El estudio propone declarar emergencia territorial en las zonas más afectadas, suspender temporalmente las clases en áreas de alto riesgo durante la estación lluviosa e instalar redes de radios comunitarias para alertas por crecidas. También plantea la construcción inmediata de los ocho zarzos prometidos por el Ministerio de Obras Públicas en el río Cricamola, cuya ejecución sigue sin cronograma definido.
“El tiempo de las promesas ha terminado”
La investigación concluye que esta no es una tragedia natural, sino “el resultado del abandono estatal, la omisión estructural y la falta de inversión pública en territorios indígenas”.
“El tiempo de las promesas ha terminado. Es hora de la acción inmediata”, señala el documento en su llamado final al Estado panameño, a la comunidad internacional y a la sociedad civil panameña para que asuman responsabilidades y actúen frente a esta crisis humanitaria que amenaza el futuro de la niñez en la comarca.
