Panamá, 12 de octubre de 2025. — La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia De Sanctis, hizo un llamado urgente a la Asamblea Nacional para debatir y aprobar el Proyecto de Ley 291 – Ley General Anticorrupción, presentado por el Procurador General de la Nación, al considerarlo una “oportunidad histórica” para modernizar el marco jurídico y restaurar la confianza en las instituciones del país.
En su columna La Voz de APEDE, De Sanctis subraya que la corrupción no solo constituye una falla ética y judicial, sino también una amenaza directa para la estabilidad económica y la credibilidad internacional de Panamá. “Sin transparencia no hay desarrollo, y sin justicia no hay confianza”, expresó.
El proyecto, según detalla la empresaria, amplía los plazos de prescripción, regula la colaboración eficaz, fortalece la autonomía del Ministerio Público y promueve la cooperación internacional en casos de alta complejidad, todo bajo control judicial y con garantías del debido proceso.
APEDE considera que esta ley es esencial para cerrar los espacios de discrecionalidad que han debilitado al sistema judicial y propiciado la impunidad en casos de corrupción. “Durante años, la falta de herramientas efectivas ha permitido que procesos de alto perfil se pierdan entre auditorías inconclusas o prescripciones anticipadas”, sostuvo De Sanctis.
La dirigente empresarial advirtió que los índices internacionales de corrupción tienen efectos directos sobre la economía: “Cuando las instituciones se debilitan, el país pierde credibilidad, el costo del capital sube y el grado de inversión se ve amenazado”. En contraste, señaló que una justicia eficiente y transparente mejora el acceso al financiamiento y atrae inversiones sostenibles.
De Sanctis recordó que, de acuerdo con Transparencia Internacional (2024), Panamá obtuvo 33 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándose en el puesto 114 de 180 países, y que según el World Justice Project (2024) ocupa la posición 72 de 142 en el indicador de Estado de Derecho.
“Podemos tener finanzas públicas ordenadas, pero si la justicia no actúa con independencia, el país se vuelve menos atractivo, el crédito se encarece y la inversión se aleja”, advirtió la presidenta de APEDE.
El gremio empresarial también propuso acompañar la ley con mecanismos tecnológicos de transparencia, como auditorías independientes, trazabilidad digital del gasto público, portales de datos abiertos y canales de denuncia seguros.
Finalmente, De Sanctis insistió en que la lucha contra la corrupción debe ser un compromiso compartido entre el sector público y privado. “Promover la ética corporativa y la rendición de cuentas no es solo un deber moral, sino una inversión en competitividad”, concluyó.
Con este pronunciamiento, APEDE se suma a los sectores que reclaman acciones concretas contra la corrupción, destacando que una gobernanza sólida es hoy el principal motor del crecimiento económico sostenible y de la confianza nacional e internacional en Panamá.
