Washington, D. C. — octubre de 2025.
En medio de una nueva parálisis presupuestaria que mantiene al gobierno federal parcialmente cerrado, el presidente Donald Trump ha reavivado la controversia política en Estados Unidos al amenazar con despidos masivos de empleados públicos, una medida que expertos legales y presupuestarios consideran sin precedentes, de dudosa legalidad y con motivaciones políticas.
De acuerdo con un reportaje publicado por The New York Times, la Casa Blanca evalúa ejecutar una ronda de despidos generalizados bajo el argumento de que son necesarios para mantener operativos los servicios esenciales del Estado ante la falta de fondos aprobados por el Congreso. Sin embargo, juristas, analistas fiscales y sindicatos advierten que la medida no solo sería innecesaria, sino posiblemente ilegal, al violar disposiciones que protegen el empleo público durante los cierres gubernamentales (shutdowns).
Una jugada política en medio del bloqueo fiscal
El nuevo cierre del gobierno, ya en su segunda semana, se originó por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas sobre la extensión de subsidios federales para el pago de seguros médicos —un paquete de 350 000 millones de dólares que el Partido Demócrata exige incluir en el presupuesto. La negativa de Trump a aceptar esas condiciones ha derivado en la suspensión de miles de servicios no esenciales y en la licencia forzosa de millones de empleados federales, muchos de los cuales no están recibiendo salario.
En ese contexto, Trump ha sostenido que “los despidos serían necesarios y justificados” para reasignar los limitados recursos disponibles hacia las agencias esenciales. Pero analistas señalan que esa narrativa busca presionar políticamente a los demócratas y reducir el tamaño del aparato estatal, uno de los objetivos ideológicos más persistentes de su administración.
Despedir empleados durante un shutdown: un hecho inédito
Según el reportaje, ni siquiera durante el cierre más largo de la historia estadounidense, ocurrido también bajo la presidencia de Trump en su primer mandato, se consideraron despidos como mecanismo de ajuste. En esa ocasión, los trabajadores fueron suspendidos temporalmente y posteriormente recibieron pago retroactivo al restablecerse el financiamiento.
Rushab Sanghvi, abogado general de la Federación Americana de Empleados del Gobierno (AFGE), afirmó que la propuesta “es claramente ilegal”, ya que el cierre no suspende la existencia de las agencias ni su mandato legal. “HUD todavía existe”, ejemplificó, en referencia al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, “y sigue teniendo una obligación estatutaria de ofrecer servicios de vivienda”.
El diario también reveló que la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, dirigida por Russell T. Vought, instruyó a las agencias federales a usar el cierre como “una oportunidad” para emitir avisos de reducción de personal, enfocándose en programas sin financiamiento o considerados “inconsistentes” con la agenda presidencial. Esta instrucción ha desatado demandas judiciales de los sindicatos federales, que acusan al Ejecutivo de abusar del cierre presupuestario para promover una purga política en el sector público.
Reacciones y riesgos legales
Varios expertos en derecho administrativo y presupuesto público han señalado que la iniciativa no tiene sustento en la legislación vigente. El Antideficiency Act, la norma que regula los cierres del gobierno federal, permite suspender actividades no esenciales, pero no autoriza despidos ni reestructuraciones permanentes mientras el Congreso no haya aprobado nuevos fondos.
Jessica Riedl, analista del Manhattan Institute, advirtió que “no existe base legal para sostener que financiar los servicios esenciales requiere eliminar empleos en otras dependencias”, y que cualquier acuerdo eventual de reapertura “probablemente restablecerá los fondos suficientes para mantener toda la plantilla federal”.
Asimismo, líderes sindicales calificaron de “insulto” el hecho de que los funcionarios encargados de planificar los despidos sigan trabajando durante el cierre, cuando la mayoría del personal público se encuentra suspendido.
Una estrategia de confrontación
Las amenazas de despidos se inscriben en una estrategia de confrontación más amplia que ha caracterizado el segundo mandato de Trump. Según el New York Times, la Casa Blanca ha comenzado a retirar fondos a ciudades y estados gobernados por demócratas, y ha insinuado que podría negar el pago retroactivo a cientos de miles de trabajadores federales.
Trump ha descrito la situación como una “oportunidad sin precedentes para reducir las agencias demócratas” y “reconfigurar el gobierno”, mientras su vicepresidente J. D. Vance ha defendido públicamente los despidos como un paso necesario para mantener los servicios operativos.
Implicaciones políticas y económicas
El intento de usar el cierre presupuestario como herramienta de reestructuración estatal ha encendido las alarmas tanto en el Congreso como en los mercados. Economistas advierten que una ola de despidos federales podría agravar la desaceleración económica y erosionar la confianza del consumidor en medio de la incertidumbre fiscal.
Políticamente, la medida podría radicalizar aún más el enfrentamiento entre la Casa Blanca y la oposición demócrata, a pocos meses de un nuevo ciclo electoral legislativo.
