El Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAMBIENTE) ha puesto en marcha una auditoría integral al polémico proyecto minero Cobre Panamá, operado en el área de Cerro Petaquilla, distrito de Donoso, provincia de Colón. Esta iniciativa marca un paso clave en los esfuerzos del gobierno por fortalecer la fiscalización ambiental, social y operativa del mayor proyecto minero a cielo abierto del país.
La auditoría será llevada a cabo por SGS, multinacional con sede en Suiza y reconocida como líder global en servicios de inspección, verificación y certificación. Con presencia en más de 115 países y más de 145 años de trayectoria, SGS ha sido contratada por un monto de B/. 539,791.46 para ejecutar la auditoría en un plazo de seis meses, con dos adicionales dedicados a su liquidación.
Según informó MiAMBIENTE, el enfoque del proceso será estructurado y meticuloso, con énfasis en áreas críticas como la gestión ambiental, laboral, social y operativa de la mina. El contrato con SGS exige una evaluación que abarque los impactos acumulativos del proyecto, así como el cumplimiento con las normativas nacionales e internacionales en materia de sostenibilidad.
“La auditoría integral del proyecto Mina Cobre Panamá representa un mecanismo indispensable para que el Estado panameño cumpla con sus responsabilidades en la sostenibilidad del uso de los recursos naturales”, indicó el ministerio en un comunicado oficial.
El anuncio ocurre en un contexto de creciente escrutinio público y judicial sobre el papel del Estado en la supervisión del proyecto minero, cuya concesión ha sido objeto de intensos debates políticos y protestas sociales en los últimos años. La mina, operada anteriormente por First Quantum Minerals, ha generado significativos ingresos fiscales para Panamá, pero también ha enfrentado críticas por sus impactos ambientales y sociales.
Con esta auditoría, el gobierno busca no solo reforzar su rol como garante de los intereses nacionales, sino también aumentar la transparencia ante la ciudadanía y la comunidad internacional. Los resultados del informe podrían tener implicaciones tanto regulatorias como económicas para el futuro de la minería a gran escala en el país.
