Ciudad de Panamá, 14 de julio 2026. El Gobierno de Panamá decidió reforzar su defensa jurídica frente a uno de los arbitrajes internacionales de inversión más relevantes que enfrenta actualmente el país.

El Consejo de Gabinete aprobó la contratación, mediante procedimiento excepcional, de la firma especializada Wordstone Dispute Resolution para representar al Estado en la demanda presentada por la canadiense Orla Mining Ltd. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El contrato, por un monto máximo de US$4,351,934, formaliza la representación legal externa del Estado en el proceso CIADI ARB/24/27, iniciado bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.

Según la resolución, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) argumentó que un eventual fallo adverso podría tener un impacto significativo sobre las finanzas públicas, por lo que era necesario contratar un equipo de abogados con amplia experiencia en arbitrajes internacionales de inversión, particularmente en disputas relacionadas con la industria minera.

La firma Wordstone Dispute Resolution, que ya asesora al Estado desde abril de 2025, fue seleccionada mediante el procedimiento excepcional previsto en la Ley de Contrataciones Públicas, al considerar que no existe un sustituto adecuado para asumir la defensa del país en este litigio.

La disputa por Cerro Quema

El arbitraje tiene su origen en el Proyecto Cerro Quema, ubicado en la provincia de Los Santos. Orla Mining sostiene que Panamá incumplió las obligaciones asumidas en el Tratado de Libre Comercio con Canadá y en el derecho internacional al cancelar las concesiones mineras del proyecto.

La empresa notificó formalmente al Estado su intención de acudir al arbitraje el 28 de marzo de 2024, iniciando un período de consultas de 30 días para intentar una solución negociada. Al no alcanzarse un acuerdo, el 3 de julio de 2024 presentó la Solicitud de Arbitraje ante el CIADI.

La minera reclama al menos US$400 millones, además de intereses previos y posteriores al eventual laudo arbitral.

El conflicto se remonta al 15 de diciembre de 2023, cuando el Ministerio de Comercio e Industrias rechazó las solicitudes de prórroga de las tres concesiones que integraban el Proyecto Cerro Quema y declaró canceladas las concesiones y el área de reserva minera.

La decisión fue consecuencia del Decreto Ejecutivo 23 de 2023 y de la Ley 407 de 2023, aprobada tras las masivas protestas contra la minería metálica, que estableció una moratoria para otorgar, renovar o extender concesiones para la exploración y explotación de minerales metálicos en Panamá.

Antes de su cancelación, Cerro Quema era considerado uno de los proyectos auríferos más importantes del país. Ubicado a unos 45 kilómetros al suroeste de Chitré, contemplaba una mina de oro a cielo abierto mediante lixiviación en pilas, además de importantes recursos de cobre y oro en sulfuros y áreas adicionales de exploración.

Un nuevo frente en la ola de arbitrajes

El caso de Orla Mining se suma a una serie de reclamaciones internacionales surgidas tras el cierre de proyectos mineros en Panamá.

En contraste con este proceso, la estatal surcoreana Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corporation (KOMIR) suspendió recientemente el arbitraje que mantenía contra Panamá ante el CIADI, mediante el cual reclamaba más de US$747 millones por las pérdidas derivadas del cierre de Cobre Panamá, donde posee el 10 % de participación accionaria.

También First Quantum Minerals, propietaria de Cobre Panamá, acordó suspender los dos arbitrajes que había iniciado contra el Estado —uno ante la Cámara de Comercio Internacional y otro bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá— para abrir una etapa de diálogo con el Gobierno del presidente José Raúl Mulino.

La suspensión ocurrió después de que el Ejecutivo autorizara el reinicio de la planta de generación eléctrica del complejo minero y la exportación del concentrado de cobre almacenado en el sitio, medidas que la empresa calificó como fundamentales para preservar empleos y garantizar la estabilidad operativa mientras avanzan las negociaciones.

La ola de litigios internacionales se desencadenó tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que en noviembre de 2023 declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Esa decisión abrió la puerta a reclamaciones multimillonarias de inversionistas extranjeros, convirtiendo a Panamá en uno de los países latinoamericanos con mayor exposición reciente a arbitrajes internacionales vinculados al sector minero.

Con la contratación de Wordstone Dispute Resolution, el Gobierno apuesta por una defensa especializada en un proceso cuyo desenlace podría definir no solo el futuro del Proyecto Cerro Quema, sino también el alcance de la responsabilidad internacional del Estado frente a los inversionistas extranjeros y el costo que estos litigios podrían representar para las finanzas públicas panameñas.