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Centroamérica, Panamá y República Dominicana concentran el 77% de las zonas francas de la región, una escala que coloca a ese corredor en el centro de la competencia por nuevas inversiones y operaciones de nearshoring.
Las zonas francas de América Latina han dejado de funcionar únicamente como recintos de exención fiscal. Hoy reúnen manufactura avanzada, servicios globales, logística, tecnología y talento especializado. Un análisis regional divulgado por EY estima que el ecosistema ya supera las 800 zonas operativas, alberga a más de 10.000 empresas y genera más de US$60.000 millones en exportaciones.
La firma calcula, además, que estas operaciones sostienen unos 3,2 millones de empleos directos e indirectos. La magnitud explica por qué el debate sobre las zonas francas se ha desplazado: la pregunta ya no es solo cuánto deja de recaudar un Estado por los incentivos, sino cuánto valor productivo, empleo formal y capacidad exportadora obtiene a cambio.
De incentivo tributario a plataforma productiva
El cambio responde, en buena medida, a la reorganización de las cadenas globales de suministro. Tras las disrupciones de la pandemia, las tensiones comerciales y el aumento de los costos logísticos, muchas compañías buscan operar más cerca de Estados Unidos y reducir su exposición a rutas largas o mercados políticamente inestables.
En su análisis sobre nearshoring en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, EY identifica cinco factores que ganan peso en las decisiones de localización: conectividad, resiliencia operativa, sostenibilidad, transformación productiva y capital humano. Los incentivos fiscales siguen siendo relevantes, pero ya no bastan por sí solos.
Para una empresa exportadora, instalarse en una zona franca tiene sentido cuando el régimen está conectado con puertos, aeropuertos, energía confiable, proveedores locales y trabajadores capacitados. Esa combinación permite acortar tiempos de entrega, incorporar tecnología y responder con mayor rapidez a cambios en la demanda.
Un mapa regional concentrado, pero no uniforme
Según el análisis divulgado por EY, Centroamérica, Panamá y República Dominicana reúnen el 77% del ecosistema regional. Esa concentración no significa que los países compitan con la misma propuesta. Por el contrario, cada mercado ha desarrollado una especialización distinta.
Costa Rica se apoya en dispositivos médicos, electrónica, servicios empresariales y manufactura avanzada. República Dominicana combina escala industrial con textiles, tabaco, dispositivos médicos y servicios internacionales. Panamá ofrece conectividad logística y distribución regional, mientras El Salvador mantiene una base fuerte en textiles y confección. Guatemala busca aprovechar su cercanía con Estados Unidos y su estructura manufacturera para integrarse a nuevas cadenas de valor.
El resultado es un corredor productivo complementario: una misma compañía puede ubicar manufactura especializada en un país, servicios compartidos en otro y distribución internacional desde Panamá. Esa división regional del trabajo es uno de los principales argumentos a favor del nearshoring.
Costa Rica y República Dominicana muestran dos rutas de crecimiento
Costa Rica representa el modelo de mayor sofisticación. La expansión de las ciencias de la vida y de los servicios de alto valor ha elevado la demanda de profesionales técnicos, ingenieros y personal bilingüe. Una comparación publicada por EY señala que las exportaciones costarricenses desde zonas francas alcanzaron US$19.267 millones en 2025.
La relevancia del régimen también se refleja en los salarios. De acuerdo con la información citada en el análisis regional, las remuneraciones dentro de estas zonas pueden superar el promedio del sector privado costarricense, una diferencia asociada con la mayor especialización de las operaciones.
República Dominicana, en cambio, destaca por la escala. EY reporta que sus zonas francas aportaron US$8.425,9 millones en exportaciones durante 2024, equivalentes al 60,7% de las ventas externas del país. El ecosistema dominicano combina manufactura intensiva en empleo con actividades de mayor complejidad y mantiene acceso preferencial al mercado estadounidense.
El análisis sostiene que el retorno económico de estos regímenes puede superar ampliamente el costo de los incentivos cuando se consideran empleo, exportaciones, compras locales e inversión. Esa relación, sin embargo, depende de que existan mediciones públicas y periódicas que permitan distinguir los proyectos productivos de las operaciones creadas únicamente para obtener beneficios fiscales.
Panamá apuesta por la logística y los servicios regionales
Panamá ocupa una posición diferente. Su principal ventaja no es una gran base de manufactura, sino la posibilidad de conectar producción, almacenamiento, transporte y distribución internacional. El Canal, los puertos del Atlántico y el Pacífico, el hub aéreo y los regímenes especiales ofrecen una plataforma para atender varios mercados desde un mismo punto.
El informe de EY sobre nearshoring indica que el país movilizó más de 9,5 millones de TEU en 2024 y contaba con más de 15 zonas francas activas. En ese contexto, estos recintos pueden servir como centros de inventario, reexportación, ensamblaje ligero y servicios corporativos, además de facilitar operaciones vinculadas con comercio electrónico y tecnología financiera.
El país ya ha buscado posicionarse como hub de inversión y zonas francas. El desafío es traducir esa conectividad en más encadenamientos con empresas locales, transferencia de conocimiento y empleos de mayor productividad.
El Salvador y Guatemala buscan capturar la siguiente ola
El Salvador conserva una plataforma exportadora vinculada con textiles y confección, apoyada en acuerdos comerciales y costos operativos competitivos. Su oportunidad consiste en diversificar esa base hacia servicios digitales, autopartes y manufactura ligera con mayor contenido tecnológico.
Guatemala parte de una participación menor en las exportaciones de zonas francas, pero dispone de escala demográfica, cercanía con Estados Unidos y una industria manufacturera que puede integrarse con proveedores regionales. Para capturar nuevas inversiones deberá mejorar infraestructura, agilizar trámites y ampliar la formación técnica.
En ambos casos, el crecimiento dependerá menos de ampliar las exoneraciones y más de reducir obstáculos cotidianos: tiempos aduaneros, costos de energía, incertidumbre jurídica y escasez de personal especializado.
El reto es convertir la escala en productividad
Las cifras regionales muestran que las zonas francas ya tienen un peso difícil de ignorar. Pero una mayor cantidad de parques o empresas no garantiza, por sí sola, desarrollo económico. La calidad del empleo, las compras a proveedores nacionales, la transferencia tecnológica y el valor agregado de las exportaciones son indicadores más útiles para evaluar el resultado.
También será necesario revisar periódicamente los incentivos. La competencia por inversión puede llevar a los países a ofrecer beneficios cada vez más amplios sin comprobar su retorno. La transparencia permite comparar el costo fiscal con los empleos creados, las divisas generadas y la inversión efectivamente ejecutada.
La oportunidad para América Latina es clara: aprovechar la relocalización productiva para integrarse a cadenas más cortas y resilientes. Centroamérica, Panamá y República Dominicana parten con ventaja por su concentración de zonas francas, pero conservarla exigirá infraestructura, talento, reglas estables y una política industrial capaz de conectar esas plataformas con el resto de la economía.