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¿Por qué importa?
Un informe de UNICEF advierte que uno de cada cinco adolescentes sufrió abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología en un año.
El informe señala que más del 40 % de los casos nunca se revela y menos del 1 % llega a las autoridades debido a que los menores no saben a quién acudir. Esto deja a las víctimas expuestas y dificulta que las instituciones investiguen a los responsables y ofrezcan protección.
Síntesis generada con IA.
La expansión de las plataformas digitales ha abierto nuevas oportunidades para aprender, comunicarse y relacionarse, pero también ha creado espacios que pueden ser utilizados para explotar sexualmente a niños y adolescentes. La dimensión del problema quedó expuesta en un nuevo informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que estima que casi uno de cada cinco adolescentes de entre 12 y 17 años sufrió al menos una forma de abuso o explotación sexual facilitados por la tecnología en 21 países estudiados.
El documento, titulado Through Children’s Eyes: How Digital Technologies Enable Child Sexual Abuse (A través de los ojos de la infancia: cómo las tecnologías digitales facilitan el abuso sexual infantil), combina testimonios de menores con uno de los conjuntos de datos más amplios disponibles sobre esta problemática.
Las cifras revelan distintas modalidades de violencia: más de 15 millones de niños y niñas estuvieron expuestos a contenidos sexuales no deseados, nueve millones recibieron solicitudes para mantener conversaciones sexuales o compartir imágenes íntimas contra su voluntad y cuatro millones sufrieron la difusión de imágenes sexuales propias sin consentimiento.
Para UNICEF, estas estimaciones podrían representar apenas una parte del problema, debido a que numerosos casos nunca llegan a denunciarse ni a conocimiento de las autoridades.
Las redes sociales concentran la mayor parte de los casos
El informe identifica a las plataformas digitales como uno de los principales espacios donde se facilita este tipo de violencia. Cerca del 60 % de los casos estuvo relacionado con redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y WhatsApp, mientras que el 14 % ocurrió en entornos de videojuegos en línea.
La investigación también cuestiona la percepción de que los agresores son principalmente desconocidos que contactan a menores por Internet. En el 57 % de los casos, el responsable era alguien que la víctima ya conocía, como un amigo, una pareja sentimental, otro menor o un familiar.
Sin embargo, el 38 % de los niños y niñas tuvo su primer contacto con el agresor en Internet. Entre los mecanismos utilizados figuran las cuentas falsas y los sistemas de mensajería privada, que pueden facilitar la manipulación y el acercamiento a las víctimas.
En Montenegro, más del 80 % de los casos comunicados estuvo vinculado a plataformas sociales, mientras que en Colombia estas herramientas aparecieron relacionadas con más de la mitad de los episodios registrados.
El impacto psicológico puede ser devastador
Más allá de la exposición digital, UNICEF advierte sobre las consecuencias que estas experiencias tienen en la salud emocional, la confianza y la seguridad de los menores.
El análisis encontró que los niños y niñas que sufrieron explotación sexual facilitada por la tecnología tenían cuatro veces más probabilidades de presentar pensamientos o conductas suicidas y de autolesionarse, además de registrar niveles considerablemente más altos de ansiedad.
Las diferencias fueron particularmente graves en algunos países. En México y Macedonia del Norte, el riesgo de pensamientos o conductas suicidas fue más de ocho veces superior entre quienes habían sufrido abuso. En Pakistán, la probabilidad de autolesionarse fue más de siete veces mayor.
Los testimonios recogidos durante la investigación reflejan el miedo, la vergüenza y el aislamiento que acompañan estas experiencias. Una joven de República Dominicana relató que quedó conmocionada después de que imágenes privadas suyas fueran difundidas sin autorización cuando tenía 14 años.
La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, advirtió que millones de menores están expuestos a contenidos sexuales explícitos y situaciones de explotación en los mismos espacios digitales donde estudian, juegan y mantienen contacto con sus amistades.
El silencio favorece la impunidad
Uno de los hallazgos más preocupantes es la escasa comunicación de estos delitos. Más del 40 % de los casos nunca fue revelado a ninguna persona, mientras que menos del 1 % llegó a conocimiento de instituciones como la Policía, los servicios sociales o las líneas telefónicas de ayuda.
La principal razón del silencio es que muchos menores no saben a quién acudir ni dónde encontrar asistencia. En Armenia, por ejemplo, más de la mitad de los casos permaneció sin ser comunicada a nadie.
Esta falta de denuncia deja a las víctimas expuestas a nuevas agresiones y dificulta que las instituciones puedan identificar patrones, investigar a los responsables y ofrecer protección.
UNICEF exige responsabilidades a gobiernos y empresas tecnológicas
Ante este escenario, el organismo internacional reclama medidas que vayan más allá de las campañas de prevención dirigidas a los menores.
Entre sus recomendaciones figura incorporar mecanismos de seguridad desde el diseño de las plataformas, reforzar la privacidad infantil, limitar los contactos no solicitados de adultos y mejorar los sistemas de detección y denuncia de contenidos abusivos.
También plantea actualizar las legislaciones para responder a nuevas modalidades de violencia, incluida la extorsión sexual y la producción de material de abuso sexual infantil mediante inteligencia artificial.
El organismo considera igualmente indispensable fortalecer los servicios de protección, salud, justicia y asistencia social, así como reducir las vulnerabilidades económicas y combatir las normas culturales que normalizan la sexualización de las niñas y estigmatizan a quienes sobreviven a la violencia sexual.
La advertencia de UNICEF trasciende las estadísticas: la seguridad de la infancia no puede depender de que un niño sepa identificar a un agresor, bloquear una cuenta o denunciar una amenaza.
La responsabilidad recae también en quienes diseñan las plataformas, administran las redes y tienen el poder de establecer las reglas del entorno digital. Mientras esa responsabilidad no se traduzca en mecanismos efectivos de protección, millones de menores seguirán expuestos a una violencia que comienza en una pantalla, pero cuyas consecuencias pueden acompañarlos durante toda la vida.