Ciudad de Panamá, 20 de junio 2026. Con la promulgación de la Ley 532 de 2026, el Estado reformó el Código Penal para elevar las penas contra quienes roben ganado, pero también contra las redes que financian, facilitan, encubren o comercializan animales y productos de origen ilícito. La medida busca responder a una vieja exigencia del sector ganadero, que durante años ha denunciado el impacto económico de este delito sobre la producción nacional.
La nueva legislación establece penas de seis a ocho años de prisión para quien se apodere de una o más cabezas de ganado, ya sea en fincas, corrales o caballerizas, sin importar si los animales estaban sueltos, amarrados o estabulados. La misma sanción recaerá sobre quienes promuevan, financien o colaboren con el delito, así como sobre quienes compren o vendan ganado robado sabiendo su procedencia.