Ciudad de Panamá, 20 de junio 2026. Con la promulgación de la Ley 532 de 2026, el Estado reformó el Código Penal para elevar las penas contra quienes roben ganado, pero también contra las redes que financian, facilitan, encubren o comercializan animales y productos de origen ilícito. La medida busca responder a una vieja exigencia del sector ganadero, que durante años ha denunciado el impacto económico de este delito sobre la producción nacional.
La nueva legislación establece penas de seis a ocho años de prisión para quien se apodere de una o más cabezas de ganado, ya sea en fincas, corrales o caballerizas, sin importar si los animales estaban sueltos, amarrados o estabulados. La misma sanción recaerá sobre quienes promuevan, financien o colaboren con el delito, así como sobre quienes compren o vendan ganado robado sabiendo su procedencia.
Pero el cambio más importante no está solo en el castigo al ladrón, sino en el alcance de la ley. La norma agrava las penas cuando el robo implique la destrucción de cercas o corrales, la alteración de los ferretes de identificación o la participación de personas vinculadas directamente a la explotación ganadera, como capataces, cuidadores, trabajadores, socios o copropietarios.
También se contemplan sanciones más severas si los animales son sacrificados de forma clandestina, trasladados a mataderos o subastas, si se falsifican las guías de transporte o si el delito se comete en contextos de emergencia, pandemia, guerra o desastre natural. A ello se suman agravantes por la participación de funcionarios públicos, el robo de más de cinco reses o cuando el valor del ganado sustraído supere los 5 mil balboas.
La ley va aún más lejos: endurece los castigos si el hurto ocurre de noche, si los animales tienen alto valor genético o reproductivo, si se alteran los dispositivos electrónicos de trazabilidad o si los ejemplares estaban bajo tratamiento veterinario, con potencial riesgo para la salud pública.
La reforma también apunta a las estructuras criminales. La Ley 532 modifica el artículo 329 del Código Penal para castigar con tres a cinco años de prisión a quienes se asocien para delinquir. Pero si esa organización tiene como fin cometer delitos como homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico, trata de personas, blanqueo de capitales, tráfico de armas o hurto pecuario, la pena sube a entre seis y doce años.
Más que un ajuste legal, la nueva norma refleja un cambio de enfoque: el Estado ya no busca perseguir únicamente al que se lleva una res del potrero, sino desarticular toda la cadena criminal que convierte el robo de ganado en un negocio rentable. En un país donde la ganadería sigue siendo un pilar económico y social en amplias zonas rurales, el mensaje del Gobierno es claro: el abigeato dejará de ser visto como un delito menor y pasará a ser tratado como una amenaza directa a la seguridad productiva del país.