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Ciudad de Panamá, 31 de agosto 2026.. La falta de pago voluntario de multas impuestas por incumplimientos a las normas de protección al consumidor y defensa de la competencia terminó convirtiéndose, para cientos de agentes económicos, en una deuda que el Estado decidió cobrar por la vía ejecutiva.
Entre enero y julio de 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recuperó B/.222,506.96 mediante procesos de cobro coactivo a nivel nacional, tras gestionar 496 expedientes que concluyeron con pagos, arreglos de pago u otras actuaciones judiciales.
De la multa a la ejecución
Los procesos corresponden a sanciones que quedaron firmes después de agotarse la etapa administrativa y que, pese a ello, no fueron pagadas voluntariamente por los agentes económicos sancionados.
A través de su Juzgado Ejecutor, la Acodeco inició las gestiones para hacer efectivo el cobro, incluyendo pagos totales, acuerdos de pago y, cuando fue necesario, la aplicación de medidas cautelares.
El procedimiento tiene un punto de partida definido por la Ley 45 de 2007. El artículo 107 establece que, una vez ejecutoriada una resolución administrativa que impone una sanción, el agente económico dispone de diez días hábiles para cancelar la multa.
Si el pago no se realiza dentro de ese plazo, la resolución adquiere mérito ejecutivo y puede comenzar el proceso de cobro coactivo.
Cuando la deuda llega al embargo
La jurisdicción coactiva permite a la Acodeco perseguir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de infracciones a las normas de protección al consumidor y defensa de la competencia.
Entre las herramientas disponibles se encuentra el embargo de bienes o fondos. Esta medida puede aplicarse una vez cumplidas las etapas correspondientes del proceso y recibidas las respuestas de las entidades a las que se hayan enviado los oficios de secuestro.
Los 496 expedientes gestionados durante los primeros siete meses del año reflejan así una segunda dimensión de la labor de la Acodeco: no solo sancionar las infracciones, sino procurar que las multas impuestas terminen convirtiéndose efectivamente en recursos cobrados.
Los B/.222,506.96 recuperados no tienen necesariamente un único destino. Su utilización depende de la naturaleza de cada sanción y de lo que establece la legislación vigente.
El verdadero alcance de una multa
El dato más revelador no está únicamente en los B/.222 mil recuperados, sino en lo que ocurre cuando una sanción deja de ser una resolución administrativa y se convierte en una obligación exigible.
Para los agentes económicos, una multa que no se paga no desaparece con el paso del tiempo. Para el Estado, el desafío es que cada sanción tenga consecuencias reales.
Porque una autoridad puede imponer cientos de multas, pero su capacidad de hacerlas efectivas es, en última instancia, lo que determina si esas sanciones son una herramienta de protección al consumidor o simplemente una cifra más en los expedientes de la administración pública.