Panamá se enfrentará a la Quinta Ronda de evaluaciones del GAFILAT en agosto de 2027, donde el organismo medirá la efectividad del sistema mediante estadísticas, expedientes, investigaciones y decomisos en lugar de cumplimiento normativo.
El proceso afecta a todo el Estado panameño y al sector privado, incluidos abogados, contadores, inmobiliarias, casinos y la Zona Libre de Colón. El país deberá demostrar resultados tangibles en la prevención y persecución del blanqueo de capitales, bajo un esquema que evalúa la gestión y los riesgos acumulados en años previos.