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Ciudad de Panamá, 30 de junio 2026. La Superintendencia de Sujetos No Financieros reforzó el marco de prevención contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva al establecer nuevos lineamientos que obligan a los sujetos regulados a fortalecer la verificación de clientes y operaciones frente a listas nacionales e internacionales de sanciones.
La medida busca acelerar la detección de personas y entidades de alto riesgo y garantizar la aplicación inmediata de medidas de congelamiento preventivo cuando corresponda. Gaceta Oficial Aquí.
La Resolución No. S-033-2026, emitida el 19 de junio y publicada en la Gaceta Oficial este 30 de junio, establece que los sujetos obligados no financieros deberán incorporar procedimientos permanentes para consultar la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otras listas de referencia durante sus procesos de debida diligencia.
Cuando se detecte una coincidencia con una persona o entidad sancionada por la ONU, estarán obligados a suspender transacciones, congelar de inmediato los fondos o activos involucrados y comunicar la situación a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), conforme a la legislación vigente.
La normativa aclara que únicamente las listas de sanciones de las Naciones Unidas tienen carácter vinculante en Panamá y generan la obligación legal de ejecutar medidas de congelamiento preventivo. En contraste, otras listas nacionales e internacionales —como las emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Unión Europea, Canadá, el Reino Unido o Transparencia Internacional— deberán utilizarse como herramientas para evaluar riesgos, sin producir automáticamente efectos jurídicos sobre clientes o transacciones.
Además de definir conceptos como congelamiento, descongelamiento, debida diligencia reforzada y financiamiento del terrorismo, la resolución exige a los sujetos supervisados documentar las operaciones inusuales, fortalecer sus controles internos y mantener procedimientos que les permitan responder con rapidez ante la actualización de las listas internacionales de sanciones.
La resolución forma parte del fortalecimiento del sistema panameño de prevención del lavado de dinero y busca alinear la supervisión de los sujetos obligados no financieros con los estándares internacionales.
Con estas disposiciones, las autoridades pretenden reducir el riesgo de que el sistema financiero y comercial del país sea utilizado para movilizar recursos vinculados al crimen organizado, el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.