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¿Por qué importa?
¿Por qué importa?
La Comisión Nacional para la Protección de Refugiados analizó iniciativas para impulsar la autonomía económica y la contratación de personas refugiadas como mano de obra local en Panamá.
Afecta a las personas refugiadas y a los empleadores en Panamá porque el desconocimiento de las disposiciones legales limita las oportunidades de inserción laboral. Queda pendiente superar este desconocimiento para que el marco legal y los programas de inclusión se conviertan en oportunidades efectivas de empleo.
Síntesis generada con IA.
La contratación como mano de obra local, los permisos laborales y la participación empresarial centraron la quinta reunión ordinaria de la Comisión Nacional para la Protección de Refugiados (Conare), presidida por el viceministro de Gobierno, Juan Francisco Borrell, en la que también se analizaron iniciativas para impulsar la autonomía económica de esta población.
La directora de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), Tania Lam, recordó que las personas reconocidas como refugiadas pueden ser contratadas por empresas en Panamá como parte de la mano de obra local y no bajo la categoría de trabajadores extranjeros. Sin embargo, persiste el desconocimiento de esta disposición entre algunos empleadores, lo que limita las oportunidades de inserción laboral.
Lam explicó que las personas refugiadas reconocidas deben gestionar su permiso de trabajo ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). Este documento se renueva anualmente durante tres años y, una vez cumplido ese período, pueden optar por la residencia permanente y un permiso laboral por tiempo indefinido.
Una representante del Mitradel subrayó la importancia de divulgar estas disposiciones entre las empresas para ampliar las oportunidades de contratación.
En esa línea, Carolina Merizalde, oficial de Desarrollo de la Oficina Multipaís del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Panamá, destacó el programa regional Empresas con Refugiados, originado en Brasil, que promueve la inclusión laboral, el emprendimiento, las buenas prácticas empresariales y el desarrollo de competencias.
En Panamá, más de 30 empresas se han incorporado a la iniciativa, junto con entidades de formación como el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y el Instituto Técnico Superior del Este (ITSE).
Durante la reunión, ACNUR también presentó la iniciativa global 50 by 35, que busca reducir en un 50% el número de personas en situación de desplazamiento prolongado para 2035. En las Américas, uno de sus ejes es fortalecer la autosuficiencia de las personas refugiadas para que puedan superar las condiciones de desplazamiento y contribuir a las economías y comunidades de los países que las acogen.
La Conare aprobó, además, reconocer como refugiadas a tres personas —dos nicaragüenses y una haitiana— y la cesación y revocación de esa condición en otros dos casos. Lam advirtió que el reconocimiento de la protección internacional también conlleva el deber de respetar las leyes del país.
El desafío para Panamá será convertir el marco legal y los programas de inclusión en oportunidades efectivas de empleo y autonomía económica, de modo que las personas refugiadas puedan reconstruir sus vidas y aportar al desarrollo nacional.