Ciudad de Panamá, 5 de mayo 2026. La economía de Panamá se perfila para una recuperación moderada, con un crecimiento proyectado de alrededor del 4% anual entre 2026 y 2027, impulsado por los servicios, la construcción y nuevas inversiones vinculadas al canal, según un análisis de Allianz.
El optimismo, sin embargo, convive con una serie de riesgos que podrían frenar el impulso. Entre ellos destacan los efectos persistentes del cierre de la mina Cobre Panamá, la creciente tensión geopolítica en el Caribe y la incertidumbre del comercio global.
Aun así, algunos factores juegan a favor. La aproximación al bloque Mercosur y los planes para construir nuevas terminales portuarias podrían fortalecer la posición logística del país.
Durante 2025, el entorno económico mostró señales de mejora, pese a episodios de tensión social y a la declaración de estado de emergencia en la principal región bananera. El tráfico en el Canal de Panamá se ha recuperado parcialmente, aunque la actividad general aún no alcanza su tendencia histórica.
El mercado laboral sigue siendo un punto débil. El desempleo ronda el 9,5% y la informalidad continúa extendida. Aunque el consumo se mantiene resiliente, la inversión privada se ha visto limitada por la consolidación fiscal y la postergación de proyectos públicos.
Las condiciones climáticas también pesan. Las sequías recurrentes han reducido la capacidad operativa del canal, subrayando la vulnerabilidad del país ante el cambio climático. En este contexto, sostener el crecimiento dependerá de atraer inversión privada, mejorar el capital humano y preservar la competitividad en logística y servicios financieros.
Presión sobre las finanzas públicas
La consolidación fiscal avanza, pero las cuentas públicas siguen siendo una de las principales fragilidades. Se prevé que el déficit del sector público no financiero baje al 3,6% del PIB en 2026, mientras que la deuda podría acercarse al 70% del PIB para 2027.
El peso creciente de los intereses y la dependencia de financiamiento externo —particularmente de corto plazo— elevan los riesgos de refinanciamiento, con vencimientos significativos previstos para 2027 y 2028.
Aunque el país ha evitado un aumento abrupto de insolvencias, las quiebras empresariales siguen siendo altas en sectores afectados por el cierre minero y podrían repuntar ante nuevas interrupciones en el canal.
La limitada participación en los mercados internacionales de capital desde 2024 ha incrementado la dependencia del crédito bancario, en algunos casos en moneda extranjera, lo que añade riesgos adicionales pese a la dolarización.
Mantener el grado de inversión requerirá reformas fiscales más creíbles y una mayor eficiencia en la recaudación. Un deterioro en la calificación crediticia podría elevar los costos de financiamiento y presionar al sistema financiero.
Desafíos estructurales persistentes
El país conserva ventajas clave: su ubicación estratégica, la dolarización y una infraestructura logística avanzada. Además, su salida reciente de la lista gris del GAFI ha reforzado su papel como centro financiero regional.
Sin embargo, persisten obstáculos estructurales. La baja recaudación tributaria, la escasez de mano de obra calificada y las marcadas desigualdades sociales limitan el crecimiento inclusivo.
A ello se suman debilidades institucionales —como la corrupción y el clientelismo— que afectan la eficacia de las políticas públicas. Aunque el gobierno ha impulsado iniciativas de digitalización e inclusión financiera, analistas señalan que serán necesarias reformas más profundas para mejorar la competitividad y atraer inversión sostenible.
La modernización de infraestructura crítica, especialmente en la gestión del agua para el canal, se perfila como un factor determinante para el crecimiento a largo plazo.
Un panorama político frágil
El escenario político sigue siendo incierto tras las elecciones de 2024. El presidente José Raúl Mulino gobierna con una coalición fragmentada y enfrenta crecientes presiones internas y externas.
La aprobación de la reforma de la seguridad social en 2025 marcó un avance importante, pero el margen político para nuevas reformas —particularmente fiscales— sigue siendo limitado. La desconfianza ciudadana en las instituciones continúa alta, alimentada por protestas vinculadas a temas ambientales y mineros.
La disputa en torno a Cobre Panamá y los litigios con inversionistas internacionales añaden incertidumbre, mientras que el riesgo de bloqueo legislativo persiste pese a señales de cooperación de la oposición.
Al mismo tiempo, el cambio climático y las tensiones sociales —especialmente en torno al canal y a los derechos indígenas— podrían agravar la inestabilidad.
En el plano internacional, la relevancia estratégica del canal ha cobrado mayor peso en un contexto de competencia entre potencias. La creciente presión diplomática de Estados Unidos podría complicar las relaciones exteriores y añadir una nueva capa de complejidad a un panorama ya desafiante.