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Ciudad de Panamá, 14 de julio 2026. Panamá asegura estar más cerca que nunca de cerrar uno de los capítulos que más ha golpeado su reputación financiera. Con un cumplimiento del 98% en los estándares de transparencia fiscal, las autoridades sostienen que el país ya realizó las reformas necesarias para enfrentar la evaluación internacional que definirá si finalmente abandona la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea.
Durante un encuentro organizado por el capítulo panameño de la International Fiscal Association (IFA), José Abel Almengor, jefe de Intercambio de Información Tributaria de la Dirección General de Ingresos (DGI), afirmó que el país ha logrado avances significativos en casi todos los indicadores que históricamente fueron objeto de observaciones por parte de organismos internacionales.
Según explicó, Panamá pasó de registrar un 69% de incumplimiento en materia de registros contables en 2019 a alcanzar hoy un 93% de cumplimiento. A ello se suma un 98% de cumplimiento en la identificación de beneficiarios finales y un 97% en los registros de propiedad legal.
La próxima prueba será determinante. El pasado 30 de abril, Panamá solicitó formalmente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) una nueva revisión sobre el intercambio de información a requerimiento, precisamente el aspecto que mantiene al país en la lista de la Unión Europea.
La evaluación está prevista para el primer trimestre de 2027 y el objetivo es mejorar la calificación de “parcialmente cumplidor” a “altamente cumplidor”.
En paralelo, las autoridades esperan que el Foro Global publique en noviembre una nueva evaluación sobre el intercambio automático de información financiera, en la que Panamá pasaría de la categoría de “non-compliant” a “largely compliant”, reflejando los cambios implementados en los últimos años.
Uno de los pilares de esa estrategia es la reciente Ley 526 de 2026 sobre Sustancia Económica. Funcionarios de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI) y de la DGI sostuvieron que la normativa busca responder a las exigencias internacionales y eliminar los obstáculos que han limitado la llegada de inversiones y la expansión de la red de convenios para evitar la doble tributación.
Tras años de reformas, supervisión internacional y cambios legislativos, Panamá entra en la etapa decisiva de su estrategia fiscal. Ahora, más que aprobar nuevas leyes, el reto será demostrar que las aplica de forma efectiva.
De esa evaluación dependerá no solo la salida de la lista de la Unión Europea, sino también parte de la credibilidad del país como destino para la inversión global.