La Ley 561 obliga a los gobiernos locales y contratistas a notificar obras públicas a la ATTT con 15 días de anticipación, presentar planes de mitigación vehicular y cumplir con requisitos de señalización.
La norma afecta a conductores, peatones y comercios en Panamá que enfrentan congestión por obras viales. El impacto en las calles dependerá de cómo las autoridades y los contratistas cumplan con las obligaciones de planificación y de que los montos de las multas por incumplimiento queden definidos en el reglamento correspondiente.