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En la República de Panamá, el derecho al trabajo no se determina únicamente por tu preparación académica. Para aproximadamente 420,000 personas extranjeras sin residencia permanente (según la UNFPA), es imposible, por cuestiones legales del Código de Trabajo, acceder a las famosas profesiones reservadas solo para panameños; dígase, en la abogacía, medicina, arquitectura, ingeniería, construcción y muchas más.
Para mí, esto es un terrible error de nuestro Código de Trabajo, que lastra nuestra competitividad frente a otros países y debilita la productividad del sector privado panameño. Cuando empezamos a leer nuestro Código de Trabajo, el primer libro de este es el de las Relaciones Individuales del Título I: Normas Generales del Trabajo. Y el resumen es que, para nuestro Código de Trabajo, el hecho de que los extranjeros pudieran ejercer sus profesiones se plantea como un riesgo para el trabajo de los nacionales. Esto demuestra fuertemente una postura iliberal del C.T., para supuestamente «salvar» el empleo de los panameños. Esta es una clásica retórica populista que no resuelve que los ciudadanos accedan a buenas oportunidades. Por eso, critico y considero que es muy injusto para un empleador que sea el Estado quien imponga, mediante el artículo 17 del Capítulo I, lo siguiente: «Todo empleador mantendrá trabajadores panameños, o extranjeros de cónyuge panameña o con 10 años de residencia en el país, en proporción no inferior al 90 por ciento del personal de trabajadores ordinarios, y podrá mantener personal extranjero especializado o técnico que no exceda del 15 por ciento del total de los trabajadores».
¿Por qué el Estado le exige a un empleador cómo debe administrar su empresa? ¿Dónde está la libertad individual y la libertad económica? El Estado no debería entrometerse en cómo una persona quiere administrar su planilla; el Estado, lo único que debería hacer, es velar para que el empleador pague sus impuestos y la seguridad social de sus empleados, y fiscalizar que los derechos del empleado y del empleador se respeten, para que ambos cumplan sus obligaciones por igual. No en estar formulando manuales y planes de administración. Una norma no es un manual.
Pero es más, nuestro Título II de Nacionalidad y Extranjería de la C.N., en su artículo 14, nos dice: «La inmigración será regulada por la ley en atención a los intereses, sociales, económicos y demográficos del país».
En un país donde, según el Instituto Oncológico Nacional, en 2025, de 14,000 a 16,000 personas tienen algún tipo de cáncer y fallecen 17; y que, según el mismo Instituto Oncológico, nuestro país cuenta con aproximadamente 5,000 oncólogos, me vuelvo a hacer otra pregunta: ¿No es de beneficio social que nuestro país cuente con más médicos? Esto afecta a los panameños; por eso, vuelvo a elevar mi opinión sobre algo más importante: la educación. Esto lo escuché en el pasado Foro Económico de APEDE 2026: un panelista planteó la necesidad de flexibilizar la docencia a extranjeros en las universidades públicas. No puede ser que, en un caso hipotético donde Mike Bloomberg quisiera dar clases de estadística en la Universidad Nacional, no se le pudiese permitir dar clases de forma sencilla. ¿Y por qué? Es simple: no es panameño y, lamentablemente, tendría que hacer un proceso burocrático y tedioso, debido a que nuestra frontera legal en el empleo tiene que salvar el empleo de los docentes panameños.
Yo opino y me conformaría con que, si no está en el interés del Estado flexibilizar el empleo a los extranjeros en muchos campos, al menos en la docencia hagámoslo, para que los estudiantes panameños tengan la mejor preparación de profesionales foráneos, que seguramente contarían con otras perspectivas y aportes. Y retorno a mi idea de la falta de competitividad profesional de Panamá con la región; y ni hablar del mundo. Ya que esto no es una retórica mía, simplemente leamos los datos. Según el Banco Mundial, solo el 25% de nuestra población culmina estudios superiores, a pesar de que nuestra matrícula universitaria (pública) no supera más de los $50.00. Considero que, para un país que aspira a ingresar en la OCDE, nuestros datos son alarmantes si los comparamos con el 49% de la OCDE. También, más del 90% de los países de la OCDE permiten, al menos jurídicamente, algún mecanismo para que extranjeros con cualificaciones obtenidas en el extranjero accedan al ejercicio profesional.
En Chile (miembro de la OCDE), un país con un índice de desarrollo bastante similar al nuestro: «LEY NÚM. 21.325. LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. Párrafo II. Derechos y obligaciones de los extranjeros. Artículo 14.- Derechos laborales: Los extranjeros gozarán de los mismos derechos en materia laboral que los chilenos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que la ley establezca para determinados casos. Todo empleador deberá cumplir con sus obligaciones legales en materia laboral, sin perjuicio de la condición migratoria irregular del extranjero contratado. Lo anterior, no obstante, las sanciones que, en todo caso, está facultada para imponer la Inspección del Trabajo». Esto refleja una diferencia abismal con nosotros.
Soy un seguidor del pensamiento económico del Nobel en Economía, David Card, quien es conocido por ser un defensor de la inmigración laboral, porque está comprobado que apoya el crecimiento económico y cubre los vacíos de la mano de obra. Un claro ejemplo de esos vacíos de la mano de obra local es, como señalé, los datos de profesionales de oncología, comparados con la cantidad de pacientes con cáncer. Y simplemente he señalado este caso; seguramente, nuestro país cuenta con más de estos casos, de extranjeros haciendo cosas que no son sus profesiones. Considero que los inmigrantes complementan el empleo, no desplazan a nadie, como muchas personas argumentan. Para empezar a competir y atraer a los mejores profesionales de afuera al país, considero que Panamá no debe ser la excepción a la mayoría del mundo desarrollado, si queremos subir aún más nuestro crecimiento económico.
En conclusión, para mí, la nacionalidad no debe ser un obstáculo para el desarrollo profesional del país. Panamá tiene que cambiar de visión y empezar a ver a los extranjeros como aliados para la competitividad y creación de oportunidades para el desarrollo nacional. Atrayendo a los mejores del mundo, esto podría ayudarnos a potenciar internacionalmente a nuestro país. Tenemos todos los problemas para empezar a debatir, con cuentas y no cuentos, este debate.
Nuestros jóvenes requieren una nueva forma de educación, una que les permita ser competitivos frente a otros países e incluso frente a otros profesionales panameños; y nada mejor que la educación pública apueste por traer profesores de afuera a educar a estudiantes del sector público, que son muchachos con ganas de superación e igualdad de oportunidades frente a sus homólogos de la educación particular. Yo no me conformo con que las universidades públicas mantengan ese sistema de contrataciones especiales o de visitante extraordinario. Propongo, como ciudadano, profesores fijos de otros países, pero que también capaciten a los de aquí, para que absorbamos lo mejor y podamos implementarlo nosotros.
En definitiva, me alegro de haber correlacionado mi opinión en un tema que me apasiona muchísimo: las libertades para todos por igual.
Daniel Zanetti
Founder de Proyectos EDUDAZ