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Ciudad de Panamá, 31 de julio 2026. La decisión del Ministerio de Salud (MINSA) de destinar 44.2 millones de dólares para alquiler de 43 ambulancias durante un período de 49 meses abrió un nuevo frente de discusión sobre la gestión de los recursos públicos destinados al sistema sanitario. Mientras la institución sostiene que la medida permitirá fortalecer la atención de pacientes en condiciones de urgencia y emergencia, sectores políticos cuestionan el elevado costo de la contratación.
Según los documentos de la licitación, las ambulancias serán distribuidas en todo el país para reforzar la red prehospitalaria. Coclé, Chiriquí, Los Santos y Veraguas recibirán cinco unidades cada una; Herrera y Panamá Oeste, cuatro; Bocas del Toro y Colón, tres; mientras que Darién, la comarca Ngäbe Buglé y Panamá Metro contarán con dos vehículos adicionales, además de unidades asignadas a San Miguelito y Panamá Este.
Las ambulancias tendrán como base hospitales, centros de salud, policentros, aeródromos y centros de operaciones prehospitalarias, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y mejorar el traslado de pacientes en situaciones críticas.
El proceso contempla una reunión previa con los proveedores el 17 de agosto y la recepción de propuestas el 14 de septiembre.
Sin embargo, el monto del contrato ha generado fuertes cuestionamientos. La diputada Janine Prado, de la coalición VAMOS, sostuvo que el país necesita ampliar su flota de ambulancias, pero advirtió que recurrir a un alquiler multimillonario para resolver una necesidad conocida desde hace años evidencia fallas en la planificación estatal.
La diputada afirmó que, bajo las cifras divulgadas, el costo promedio del contrato equivaldría a más de 20 mil dólares mensuales por ambulancia, superando el millón de dólares por vehículo al concluir los 49 meses de vigencia. Prado pidió explicaciones sobre los criterios financieros utilizados para justificar el modelo de contratación y aseguró que continuará fiscalizando el proceso.
El MINSA, por su parte, argumentó que el fortalecimiento del sistema de transporte de pacientes responde a la necesidad de garantizar una atención oportuna y eficaz en todas las regiones del país, especialmente en provincias donde la disponibilidad de ambulancias ha sido insuficiente durante años.
La contratación pone sobre la mesa un dilema recurrente para el Estado panameño: cómo responder de inmediato a las necesidades del sistema de salud sin comprometer la eficiencia en el gasto público. Mientras avanza el proceso de licitación, la atención estará centrada no solo en quién obtendrá el contrato, sino también en si el costo final representa la mejor inversión posible para una infraestructura sanitaria que continúa enfrentando importantes desafíos.
