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MEF detalla impacto social y fiscal tras 32 meses de paralización minera
Pese a este escenario, el titular del MEF destacó avances en la consolidación fiscal, reportando que el déficit del Sector Público No Financiero se redujo casi a la mitad durante el último año. Chapman atribuyó esta mejora a medidas de contención del gasto y al fortalecimiento de la recaudación tributaria, respaldado por un crecimiento económico del 4.4% en 2025 y aportes históricos del Canal de Panamá al Tesoro Nacional.
Respecto a los arbitrajes internacionales que suman demandas por B/.27 mil millones, el ministro reiteró que la defensa jurídica del Estado se mantiene firme. La comisión gubernamental encargada de evaluar el futuro del proyecto continúa su análisis técnico, con el objetivo de proteger la estabilidad económica del país y fortalecer la seguridad jurídica ante las alternativas que se consideren para el sitio.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó en más de B/.6,300 millones el valor que la economía panameña habría dejado de generar durante los 32 meses de paralización del proyecto Cobre Panamá. La cifra, presentada este martes por el ministro Felipe Chapman, forma parte de los argumentos económicos que la comisión gubernamental evalúa antes de recomendar una salida para la mina.
El cálculo equivale, según el ministro, a aproximadamente B/.5.9 millones por día. Se trata de una estimación oficial sobre un escenario contrafactual —lo que habría ocurrido si la operación hubiera continuado— y no de una pérdida contable registrada en una sola cuenta pública.
La estimación presentada por el MEF
En su balance sobre la paralización del proyecto, el MEF vinculó el cierre con menores niveles de producción, inversión, exportaciones e ingresos. Chapman sostuvo que la inversión extranjera directa se contrajo 65% y que Panamá perdió 75% de sus exportaciones de bienes tras la salida de la mina.
El comunicado no publica la metodología completa utilizada para aislar cuánto de esas variaciones responde exclusivamente a Cobre Panamá y cuánto podría obedecer a otros factores económicos. Por eso, los porcentajes deben leerse como la interpretación presentada por el Ejecutivo y no como una conclusión independiente de la auditoría técnica de SGS.
Aportes laborales y efecto sobre la seguridad social
Chapman afirmó que la Caja de Seguro Social dejó de recibir más de B/.90 millones anuales en aportes patronales asociados a la operación minera. También relacionó la paralización con la suspensión de un aporte solidario que, según explicó, estaba previsto para financiar un aumento dirigido a cerca de 120,000 jubilados con pensiones inferiores a B/.350 mensuales.
Estas cifras amplían el debate más allá de la producción de cobre. La discusión incluye ahora los empleos directos e indirectos, las compras a proveedores, los aportes a la seguridad social y la actividad económica en las comunidades próximas al proyecto. La magnitud exacta de cada efecto dependerá, sin embargo, de la metodología y del período utilizado para medirlo.
El vínculo que el Gobierno plantea con el costo del crédito
El ministro argumentó además que la pérdida del principal producto de exportación de bienes incidió en la percepción de riesgo de Panamá y elevó los costos de financiamiento. En su exposición, ese encarecimiento termina trasladándose a tarjetas de crédito, préstamos personales, vehículos e hipotecas.
El planteamiento describe un canal económico posible: un mayor riesgo soberano puede aumentar el costo al que se financian el Estado y los agentes privados. El comunicado del MEF, no obstante, no cuantifica qué parte de las tasas pagadas por los hogares puede atribuirse a la paralización minera frente a factores como las tasas internacionales, la liquidez bancaria o el perfil de cada prestatario.
Disciplina fiscal en medio del costo estimado
Chapman contrastó las pérdidas estimadas con otros indicadores fiscales. Señaló que el déficit del Sector Público No Financiero se redujo casi a la mitad durante el último año, atribuyendo el ajuste a la contención del gasto, una mayor eficiencia administrativa, herramientas tecnológicas de recaudación y medidas contra la evasión.
También recordó que la economía creció 4.4% en 2025 y que el Canal de Panamá transfirió B/.2,965 millones al Tesoro Nacional. La combinación de esas cifras muestra que la economía siguió expandiéndose después del cierre, aunque el Ejecutivo sostiene que lo hizo desde una base menor a la que habría alcanzado con la mina operativa.
La auditoría no decide el futuro de la mina
La auditoría integral entregada por SGS revisó 370 compromisos ambientales y componentes legales, fiscales, administrativos y operativos. El Ministerio de Ambiente aclaró al publicarla que el informe es un insumo técnico y no una decisión sobre el futuro del proyecto.
La nueva estimación del MEF se suma a la presión por definir una ruta antes de finalizar 2026. CAMIPA había pedido reducir la incertidumbre, mientras el Gobierno reiteró que no restablecerá el contrato anterior, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Arbitrajes y preguntas aún abiertas
Chapman situó en aproximadamente B/.27,000 millones las reclamaciones de los arbitrajes internacionales vinculados con el proyecto y aseguró que la defensa del Estado continúa. Ese riesgo jurídico coexistirá con cualquier evaluación económica, ambiental o laboral que realice la comisión.
El dato de B/.6,300 millones aporta una medida del costo que el Gobierno atribuye a la paralización, pero no sustituye la explicación metodológica ni resuelve por sí solo la decisión. El siguiente paso será mostrar cómo se ponderan esa estimación, los hallazgos ambientales, la sentencia constitucional, los arbitrajes y las alternativas disponibles para el sitio minero.