Cuando el acceso a una vivienda digna se convierte en un desafío para la clase media y los sectores de menores ingresos, cualquier política pública que reduzca las barreras de entrada merece atención. La propuesta del Gobierno de exonerar el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) en la primera compra de viviendas nuevas apunta precisamente en esa dirección.
La medida no solo aliviaría el costo inicial para miles de familias, sino que también enviaría una señal al mercado inmobiliario en un momento en que la construcción busca recuperar el dinamismo perdido tras la pandemia. Menos impuestos en la compra pueden traducirse en más proyectos, mayor demanda y nuevos empleos.
Sin embargo, el verdadero éxito de esta iniciativa dependerá de su ejecución. La exoneración tendrá un impacto limitado si los bancos mantienen condiciones de financiamiento restrictivas o si el precio de las viviendas continúa aumentando por encima de la capacidad de pago de los compradores.
El anuncio del futuro programa de abono inicial Pa’Ti abre una oportunidad interesante. Reducir el costo de la prima puede ser incluso más determinante que una exención tributaria para quienes hoy cumplen con los ingresos, pero no logran reunir el dinero necesario para dar el primer paso hacia una hipoteca.
También será indispensable garantizar que el beneficio llegue realmente a las familias y no termine absorbido por incrementos en los precios de venta. La prohibición de trasladar el impuesto al comprador es una salvaguarda importante, pero requerirá supervisión efectiva para evitar distorsiones del mercado.
El acceso a la vivienda es mucho más que una política económica: es una herramienta de movilidad social. Si esta reforma logra combinar incentivos fiscales, financiamiento accesible y transparencia, Panamá podría convertir una exoneración temporal en una inversión duradera en el bienestar de miles de hogares y en la reactivación de uno de los motores más importantes de su economía.