Un informe de UNICEF advierte que millones de niños siguen creciendo entre castigos físicos, abandono y fallas estructurales de protección
Ciudad de Panamá,, 24 de mayo 2026. La violencia contra la niñez continúa siendo una de las crisis más silenciosas y persistentes del país.
Cuatro de cada diez niños y niñas sufren violencia dentro de sus propios hogares, según un informe del UNICEF que expone las debilidades estructurales del sistema de protección infantil y la permanencia de normas sociales que todavía justifican el castigo físico como forma de crianza.
El estudio señala que el Código de la Familia aún permite legalmente el castigo corporal infantil, una contradicción que, para organismos internacionales y especialistas en derechos humanos, refleja la distancia entre la legislación moderna y las prácticas culturales profundamente arraigadas.
Aunque la Ley 285 de 2022 creó un marco jurídico destinado a fortalecer la protección de niños y adolescentes, UNICEF advierte que el país todavía carece de servicios suficientes a nivel comunitario, especialmente en áreas rurales y comarcas indígenas, donde la presencia institucional sigue siendo limitada.
Las cifras muestran la dimensión del problema. En 2021, el 65% de los casos de violencia sexual registrados correspondieron a niños, niñas y adolescentes; la mayoría de las víctimas fueron niñas. Al mismo tiempo, 995 menores permanecen actualmente en albergues estatales o privados. De ellos, 480 ingresaron por situaciones relacionadas con violencia, abandono, negligencia o descuido.
El informe también revela una realidad más compleja: cerca del 30% de los niños separados de sus familias lo fueron por falta de acceso a la educación y un 7.27% por desnutrición, causas que, bajo un enfoque de derechos humanos, no deberían justificar la separación familiar. “La pobreza no puede convertirse en motivo para institucionalizar a un niño”, sostienen especialistas consultados en el documento.
La mitad de los menores que viven en albergues pertenecen a pueblos indígenas y casi uno de cada cinco presenta algún tipo de discapacidad, dos condiciones que amplifican los niveles de vulnerabilidad y exclusión social.
Frente a este escenario, UNICEF propone un cambio profundo en el enfoque de protección infantil: sustituir modelos reactivos por estrategias preventivas basadas en apoyo familiar, presencia comunitaria y atención temprana.
Entre las recomendaciones figura la creación de servicios sociales permanentes en cada corregimiento, con trabajadores sociales y promotores comunitarios capaces de detectar señales de violencia antes de que las situaciones escalen.
El organismo también insiste en la necesidad de promover modelos de “parentalidad positiva”, orientados a reemplazar prácticas como golpes, humillaciones y gritos por métodos de disciplina no violentos. En muchas comunidades, advierte el informe, el castigo físico continúa siendo visto como una herramienta legítima de educación.
Otra prioridad es acelerar la desinstitucionalización de menores que viven en albergues y fortalecer sistemas de acogida familiar para niños que sí deben ser separados de hogares violentos. Entre 2021 y 2025, 727 menores lograron salir de albergues y reintegrarse de manera segura a una familia, una cifra que las organizaciones consideran insuficiente frente a la magnitud del problema.
El informe concluye que la protección de la niñez no depende únicamente de nuevas leyes, sino de la capacidad real del Estado para construir redes locales de prevención, atención y acompañamiento. Porque detrás de cada estadística —advierte UNICEF— hay niños creciendo en entornos donde el miedo, la violencia o el abandono siguen formando parte de la vida cotidiana.