Ciudad de Panamá, 1 de junio 2026.  Lo que comenzó como una serie de reclamos internos sobre presuntas irregularidades administrativas en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), ha escalado a una confrontación institucional de alto nivel.

Autoridades del sector educativo anunciaron que remitirán al Ministerio Público, la Contraloría General y al Ministerio de Educación un expediente con denuncias que apuntan a supuestos casos de nepotismo, conflictos de interés, concursos amañados y manejo discrecional de fondos universitarios.

El pronunciamiento se produjo luego de que las autoridades aseguraran haber presentado una renuncia formal y una lista de quejas ante el Consejo General Universitario, instancia que, según afirmaron, decidió respaldar la continuidad de la rectora sin abordar las acusaciones de fondo. Video conferencia Aquí:

“Me sorprende que el único tema haya sido ratificar a la rectora, sin atender los grandes problemas que afectan verdaderamente a la universidad”, señaló en conferencia de prensa la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien cuestionó lo que describieron como una posible “convergencia de intereses” dentro de la estructura de gobernanza universitaria.

Las denuncias incluyen presuntos nombramientos irregulares, adquisición de cátedras sin los procesos establecidos, licitaciones supuestamente diseñadas para favorecer a personas específicas y el uso cuestionado de recursos destinados a investigación.

Uno de los aspectos que más inquieta a las autoridades es que la institución obtuviera su acreditación universitaria en 2022 pese a que, según sostienen, ya existían denuncias relacionadas con prácticas administrativas presuntamente irregulares. Por ello, anunciaron una revisión exhaustiva del proceso de acreditación y del papel desempeñado por los organismos responsables de supervisar la calidad educativa.

“El estudiante debe estar en el centro del sistema. Cuando se debilitan los controles, también se afecta la calidad del servicio universitario”, indicó Molinar.

Aunque reiteraron su respeto por la autonomía universitaria —principio protegido por la Constitución—enfatizaron que esta no puede utilizarse como escudo frente a posibles actos contrarios a la ley.

“La autonomía universitaria garantiza independencia académica y administrativa, pero no puede convertirse en un clúster de nepotismo ni de conflictos de interés”, afirmó el viceministro encargado. “Su propósito es proteger a las universidades de injerencias políticas externas, no impedir la rendición de cuentas”, dijo el secretario general del Meduca Luis Antonio Herrera.

Las declaraciones abren un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia y la gobernanza de las instituciones de educación superior en Panamá, mientras crece la presión para que las denuncias sean investigadas por las autoridades competentes.

“El problema no es la autonomía”, concluyeron las autoridades. “El problema es cuando se utiliza para justificar prácticas que ponen en riesgo la credibilidad de la educación pública”.