Ciudad de Panamá, 30 de agosto 2026. La discusión sobre cómo proteger a los jubilados y adultos mayores en el país ha vuelto a colocar frente a frente dos responsabilidades que no deberían ser incompatibles: garantizar mejores condiciones para quienes han llegado a la vejez y evitar que el costo de esa protección termine recayendo, de manera creciente, sobre las empresas que sostienen buena parte de la economía.
El conflicto gira ahora alrededor del Proyecto de Ley 226, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional, que amplía beneficios, incorpora nuevos descuentos y aumenta otros ya existentes para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.